El Director General de Cultura y Educación de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinny, volvió a pasar un mal momento cuando se retiraba de la escuela Primaria 42, en el distrito de Avellaneda.
El funcionario de María Eugenia Vidal se estaba retirando de la institución educativa cuando fue interceptado por un grupo de docentes que le reclamaron por obras inconclusas y por la falta de acuerdo paritario.
Cabe recordar que los educadores bonaerenses aún no logran cerrar la negociación paritaria con el gobierno de la Provincia. Ayer, la Gobernadora adelantó que los volverían a convocar para el mes de julio, durante su anuncio de aumento de jubilaciones y asignaciones y el pago del medio aguinaldo.
“El aguinaldo viene sin aumento”, fue uno de los reproches que manifestaron los docentes, mientras Sánchez Zinny intentaba escapar de la situación y subir a su vehículo. “Se va sin dar respuestas”, se escucha a otro docente reclamar.
Días atrás, el titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) vivió una situación similar en la localidad de Junín, donde también fue interceptado por docentes que le reclamaron por las paritarias.
La gestión de Sánchez Zinny es una de las más complicadas en la Provincia, no sólo por la falta de acuerdo paritario con los docentes, sino por las polémicas que se generaron en los últimos meses, como el cierre de escuelas rurales y del Delta, los CAG y los CAI.
Recientemente se sumó otra polémica, tras la decisión de que los Equipos de Orientación Escolar (EOE) dejen de pertenecer a las escuelas para conformar equipos distritales que “podrán cumplir sus funciones con uno o más miembros”.
La resolución de la DGCyE generó rechazo tanto en los gremios docentes, quienes salieron a repudiar la iniciativa y denunciaron que se trata de una medida “flexibilización laboral para que no se note que falta cubrir cargos”; como en los bloques de la oposición de la Legislatura bonaerense.
Los diputados del Frente Renovador, Pablo Garate, y de Unidad Ciudadana, Juan Debandi, presentaron un pedido de informes para plantear que la medida “profundiza el ajuste educativo e incumple la Ley Provincial de Educación”.