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En el marco de la segunda sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata, los 24 concejales en funciones votaron positivamente al proyecto de adhesión a la Ley Provincial 15.000, que establece que quienes revisten cargos en la gestión municipal platense estén obligados a publicar sus Declaraciones Juradas patrimoniales.
"Es un día histórico, en el que el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que obliga a todos los funcionarios a hacer pública su Declaración Jurada. Con reglas claras vamos a seguir construyendo la ciudad que tanto queremos", resaltó el intendente de Cambiemos, Julio Garro.
Y agregó: “Agradezco profundamente la responsabilidad y la seriedad con la que todo el cuerpo legislativo se tomó este proyecto”. “La Plata es uno de los primeros municipios en adherir a la Ley y una de las primeras ciudades en la que sus vecinos podrán conocer vía web los bienes que declaran los funcionarios”, detalló.
“Esta medida es muy importante porque profundiza la transparencia en la gestión pública y establece un control ciudadano, generando más confianza y seguridad en el vecino. Como servidores públicos debemos ser los primeros en rendir cuentas y dar el ejemplo”, continuó Garro.
Vale recordar que el ejecutivo local elevó al Concejo Deliberante el proyecto de adhesión a la Ley Provincial 15.000 para que los cerca de 200 funcionarios municipales de La Plata hagan públicas sus declaraciones patrimoniales.
En ese sentido, los vecinos podrán acceder a las mismas a través de la web institucional oficial de la comuna y conocer en detalle los bienes de cada uno de los funcionarios que se desempeñan en la gestión municipal.
La ley bonaerense, a la que la Municipalidad de La Plata adhiere con este proyecto. tiene como objetivos "impulsar políticas que contribuyan a consolidar y fortalecer el sistema democrático; brindar una mayor transparencia al sistema público; avanzar en la aplicación de políticas de prevención y efectuar un control de la corrupción".
Con ese fin, los funcionarios municipales se sumarán a sus pares del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a los oficiales superiores de la Policía y a los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, quienes están obligados a hacer pública su declaración patrimonial, en tanto ejercen una función pública.
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