El malestar en la Policía Bonaerense crece en la provincia de Buenos Aires, donde efectivos y representantes sindicales denuncian salarios bajos, jornadas extensas y falta de contención, en un contexto que se profundizó en 2026 y que afecta a miles de agentes, según advirtió el titular del gremio, Nicolás Masi, al describir la situación interna de la fuerza y reclamar respuestas al gobierno de Axel Kicillof.
El diagnóstico no es nuevo, pero en los últimos meses se volvió más visible. Informes recientes coinciden en que la pérdida del poder adquisitivo y las condiciones laborales deterioradas generaron un “descontento creciente” dentro de la fuerza, que ya no se limita a reclamos aislados.
En términos salariales, la brecha es uno de los principales focos de conflicto. Actualmente, un policía ingresante percibe entre 800 mil y 900 mil pesos mensuales, muy por debajo de la canasta básica, lo que obliga a muchos efectivos a recurrir a horas adicionales o trabajos informales para sostener sus ingresos.

Como adelantó CRONOS, desde el Gobierno bonaerense recurrieron a un aumento de 128 mil pesos. Los mismos se efectuarán en forma trimestral. El primero de ellos fue en Enero, unos 29.188,49 pesos (se cobró en marzo), el segundo en Febrero, unos 14.594,25 pesos (se cobra en Abril)y el tercero en Marzo, unos 84.786,52 pesoes (se cobra en Mayo).
A ese escenario se suma la sobrecarga laboral. Según denuncian desde el sector, las jornadas pueden extenderse entre 12 y 14 horas diarias, en muchos casos por la falta de personal, lo que transforma las horas extra en una exigencia más que en una opción.
Otro de los puntos críticos es la cobertura sanitaria y la salud mental. Desde el gremio advierten que la asistencia es insuficiente, especialmente para agentes que atraviesan situaciones de alto estrés o episodios traumáticos, lo que agrava el desgaste psicológico en la fuerza.

El clima interno también refleja tensión en aumento. En distintos ámbitos se registraron protestas y reclamos impulsados incluso por familiares de efectivos, ante la imposibilidad legal de que los policías en actividad se movilicen formalmente, lo que limita los canales institucionales de demanda.
En paralelo, especialistas y dirigentes políticos advierten que esta situación impacta directamente en el funcionamiento del sistema de seguridad, con menos incentivos para el ingreso de nuevos agentes y un desgaste creciente en quienes ya integran la fuerza, en una Provincia donde la inseguridad sigue en el centro de la agenda pública.