El senador provincial Juan Manuel Rico Zini presentó en el Senado bonaerense un proyecto de ley que apunta a garantizar el acceso pleno a la información pública. La propuesta, respaldada por el bloque PRO, busca modificar la relación entre el Estado y la ciudadanía, en un contexto de mayor demanda social por transparencia.
La iniciativa parte de un principio central: toda la información en manos del Estado será considerada pública, salvo excepciones específicas. De este modo, se intenta dar un giro estructural hacia un modelo donde el acceso deje de ser restringido y pase a ser la regla en la administración pública.
Uno de los puntos clave es que cualquier persona podrá solicitar datos sin tener que justificar el motivo. Además, el Estado tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para responder. En caso de no hacerlo, se aplicará el llamado “silencio negativo”, que habilita directamente la vía judicial.

El alcance del proyecto es amplio y no se limita a los tres poderes. También incluye a empresas estatales, concesionarios de servicios públicos y organizaciones privadas que administren fondos públicos. La premisa es clara: donde haya recursos del Estado, debe haber control ciudadano.
En paralelo, se incorpora el concepto de transparencia activa. Esto implica que los organismos deberán publicar de manera permanente información clave como sueldos, estructura, presupuesto, contrataciones y transferencias, facilitando el acceso sin necesidad de pedidos formales.
Desde el plano político, la propuesta busca responder a una demanda creciente de la sociedad: saber cómo se gestionan los recursos públicos. En ese sentido, el proyecto apunta a fortalecer la confianza en las instituciones mediante reglas claras de acceso a la información.

La iniciativa también prevé sanciones para los funcionarios que nieguen información sin justificación o la entreguen de forma incompleta. De esta manera, se refuerzan los mecanismos de control y se promueve una mayor responsabilidad en la gestión estatal.
Entre sus ejes principales, la ley establece el acceso universal, la gratuidad —salvo costos de reproducción— y la máxima premura en la entrega de datos. Además, reafirma que el acceso a la información pública es un derecho fundamental con respaldo constitucional.
Finalmente, el proyecto se presenta como una herramienta para avanzar hacia un Estado más abierto, cercano y controlable. Según su autor, la transparencia no apunta contra nadie en particular, sino que busca consolidar una democracia donde la información sea accesible para todos.