Con demora, el Gobierno de Kicillof oficializó el incremento salarial a policías y penitenciarios

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la actualización salarial para el personal policial y del Servicio Penitenciario Bonaerense mediante el Decreto N° 246/2026, una medida que llegó varios meses después de los períodos que ahora reconoce de forma retroactiva. La norma alcanza a efectivos en actividad de ambas fuerzas y ordena la adecuación de haberes con vigencia desde agosto y octubre de 2025.

La decisión se encuadra dentro de la política salarial que la administración de Axel Kicillof viene aplicando sobre distintos sectores del empleo público bonaerense. Durante 2025, la Provincia ya había informado mejoras para la Policía y fuerzas de seguridad, en línea con los acuerdos salariales otorgados al personal alcanzado por la Ley N° 10.430, que funciona como referencia para buena parte de la estructura estatal.

En concreto, el decreto formaliza nuevos valores para los sueldos básicos del personal policial en sus distintos sub-escalafones, incluyendo áreas operativas, técnicas, administrativas, profesionales y de emergencias. También se actualizan componentes salariales que forman parte de la liquidación mensual, como bonificaciones remunerativas y adicionales ya previstos en normas anteriores, una señal de que la recomposición no se limita al básico.

La misma lógica alcanza al Servicio Penitenciario Bonaerense, donde se dispuso la actualización de escalas para el cuerpo general, el personal técnico, profesional, administrativo, auxiliar y también aspirantes. La medida busca ordenar administrativamente los tramos finales de incremento correspondientes al año pasado y dejar consolidados los valores sobre los que deberán impactar futuras liquidaciones y eventuales reaperturas paritarias.

Uno de los puntos que más atención genera dentro del esquema oficial es la adecuación de la compensación por mantenimiento de uniformes, vestimenta y equipamiento, un ítem sensible para quienes cumplen funciones operativas. Ese adicional también quedó alcanzado por la retroactividad, lo que abre expectativa sobre cómo se verá reflejado en los recibos de haberes una vez que se terminen de aplicar las diferencias correspondientes.

Con la publicación del decreto, la Provincia cerró formalmente una parte de la discusión salarial que venía pendiente para el sector de seguridad, aunque el foco ahora pasa a la implementación efectiva. El impacto real dependerá de la liquidación que haga cada área administrativa y de cómo se incorporen estos montos en los próximos salarios, en un contexto donde la recomposición de ingresos sigue siendo una de las principales demandas dentro del empleo público bonaerense.