viernes, 3 de abril de 2026 - Edición Nº3473
Cronos Noticias » Legislatura » 1 abr 2026 09:27

Nueva propuesta

Celulares en cárceles bonaerenses: el proyecto que propuso el senador Petrecca para frenarlos

El legislador bonaerense presentó un proyecto para prohibir teléfonos privados en penales y crear un sistema digital supervisado por el Estado.


  • Celulares en cárceles bonaerenses: el proyecto que propuso el senador Petrecca para frenarlos

El debate por los celulares en las cárceles bonaerenses volvió a meterse de lleno en la agenda política. Esta vez fue el senador provincial Pablo Petrecca quien presentó un proyecto para prohibir los teléfonos privados dentro de los penales y reemplazarlos por un sistema de comunicación digital bajo control estatal. La iniciativa busca ponerle un marco legal a una situación que, según advierten desde la oposición, se extendió demasiado desde la pandemia.

La propuesta apunta directamente al esquema que se habilitó en 2020, cuando el aislamiento por el Covid obligó a suspender visitas y flexibilizar la comunicación de las personas detenidas con sus familias. Lo que nació como una excepción sanitaria, sin embargo, siguió vigente con el correr de los años y hoy alcanza a cerca de 49 mil internos del Servicio Penitenciario Bonaerense, sin una ley específica que regule su funcionamiento.

En ese marco, Petrecca plantea crear el llamado Sistema de Comunicación Digital Supervisada, una red institucional cerrada que reemplace el uso de celulares personales. Según el proyecto, ese esquema permitiría mantener el derecho a la comunicación, pero con contactos previamente autorizados, trazabilidad de los intercambios y sin acceso libre a internet ni redes sociales. El mensaje político es claro: comunicación sí, pero bajo control del Estado.

La iniciativa también endurece el criterio sobre la tenencia de dispositivos dentro de las unidades. Si el sistema entra en vigencia, tener un celular privado pasaría a ser considerado una falta grave, con posibles consecuencias sobre beneficios penitenciarios como salidas transitorias o regímenes de libertad asistida. Además, el texto incorpora la posibilidad de articular con operadoras para bloquear equipos no autorizados mediante IMEI.

El proyecto no aparece en el vacío. En las últimas semanas, la discusión tomó fuerza tras el caso de Rodrigo Andrés Gómez, el soldado voluntario de 21 años que fue víctima de una extorsión digital y cuya muerte derivó en una investigación que expuso cómo operaban bandas desde cárceles bonaerenses. La causa reveló un esquema de engaños, amenazas y manipulación psicológica montado desde el encierro, con apoyo externo y uso de perfiles falsos.

Ese episodio terminó de empujar un debate que ya venía creciendo dentro y fuera de la Legislatura. En las últimas semanas también aparecieron otros proyectos para limitar o prohibir celulares en penales bonaerenses, impulsados por distintos espacios políticos. La coincidencia transversal muestra que el problema dejó de ser una discusión técnica del sistema penitenciario para convertirse en una cuestión de seguridad pública con impacto político directo.

Puertas adentro, la discusión toca un punto incómodo: cómo equilibrar seguridad y derechos. Desde distintos sectores judiciales y penitenciarios remarcan que las personas privadas de la libertad no pierden su derecho a comunicarse, estudiar o sostener vínculos familiares. Pero al mismo tiempo, crece la presión para que el Estado deje de tolerar un esquema que, en los hechos, puede transformarse en una herramienta para organizar delitos desde adentro de las unidades.

Por eso, el proyecto de Petrecca busca correrse de la lógica de la prohibición pura y avanzar hacia una regulación más cerrada, trazable y judicialmente revisable. Entre otros puntos, contempla informes periódicos a la Legislatura, controles institucionales y revisión judicial rápida en caso de restricciones. La apuesta es reemplazar el gris legal heredado de la pandemia por una política pública estable, con reglas claras y margen de supervisión.

Con el tema ya instalado, la discusión promete escalar en la Legislatura bonaerense. En un contexto donde la inseguridad volvió al centro del debate político, el uso de celulares en cárceles dejó de ser un detalle administrativo para convertirse en una discusión sensible. Y ahí es donde Petrecca intenta instalar una bandera clara: cerrar una condición que, para muchos, hace tiempo quedó demasiado abierta.

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