Condenan a exfuncionarios de un municipio bonaerense por fraude en contratos de obra pública

La justicia de la provincia de Buenos Aires condenó esta semana a tres exfuncionarios de la Municipalidad de Chacabuco por defraudación y asociación ilícita en perjuicio del Estado local, en un fallo que sigue a una investigación iniciada en 2023 por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas durante la gestión del exintendente Víctor Aiola. La causa judicial, conocida como Causa Corralón, culminó con penas de tres años de prisión en suspenso para los acusados y la imposición de una serie de obligaciones y restricciones, entre ellas la inhabilitación para asumir cargos públicos por igual periodo.

Los condenados son Juan Carlos Gómez, exsecretario de Servicios Públicos; Gabriel Vespasiano, que se desempeñaba como subsecretario; y Pablo Alegre, jefe del corralón municipal. Según el fallo, estos exfuncionarios participaron de un esquema destinado a simular contrataciones para obras inexistentes o innecesarias, aprovechándose de la falta de control sobre la ejecución de tareas que, en realidad, realizaban empleados municipales ya designados.

La investigación judicial arrancó tras una serie de allanamientos y medidas de prueba que incluyeron secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, como parte de las diligencias ordenadas por la fiscalía y que marcaron el avance de la causa en años anteriores. En aquel contexto, la Policía Federal había intervenido el corralón municipal en busca de pruebas relacionadas con la operatoria irregular.

Además de los exfuncionarios, también fue condenado un proveedor de la Municipalidad, Bernardo Burghetti, por su participación en las maniobras fraudulentas. El juez encargado de la causa acreditó que, tras favorecer la contratación irregular de su empresa, los imputados recibían compensaciones económicas por esa operatoria. Pese a las pruebas presentadas, las penas impuestas son condicionales, por lo que ninguno de los condenados irá a prisión efectiva, aunque deberán cumplir una serie de normas de conducta.

Como parte de la sentencia, cada uno de los condenados debe afrontar obligaciones como someterse al Patronato de Liberados, fijar domicilio y pagar una indemnización establecida por el tribunal, que también contempló restricciones específicas en el caso de Burghetti relacionadas con la prohibición de hostigar o intimidar a la víctima. Además, los exfuncionarios quedaron inhabilitados para ocupar cargos públicos durante el tiempo que dure su condena.

El caso generó múltiples repercusiones en Chacabuco desde su inicio, con diversas etapas procesales que incluyeron pedidos de sobreseimiento rechazados por la justicia en 2024, lo que permitió avanzar hacia la elevación del expediente a juicio. La sentencia actual pone fin a una investigación que, según fuentes judiciales, había detectado un perjuicio económico significativo para las arcas municipales y que fue uno de los ejemplos más resonantes de corrupción en el manejo de recursos públicos en la región.