El Gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó este jueves en el Senado la reforma de la Ley de Glaciares promovida por La Libertad Avanza. La postura fue planteada en una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, donde se debatió el alcance del proyecto y su impacto ambiental.
En representación del distrito, la subsecretaria Tamara Basteiro advirtió que la iniciativa contradice el principio de no regresividad establecido en el Acuerdo de Escazú. Según explicó, modificar la norma vigente implicaría debilitar estándares de protección en un contexto global atravesado por la crisis climática.
Desde la administración bonaerense remarcaron además que el artículo 41 de la Constitución Nacional obliga a garantizar presupuestos mínimos de protección ambiental. En ese sentido, sostuvieron que cualquier cambio legislativo debe elevar los estándares actuales y no flexibilizarlos en favor de actividades extractivas.
La ministra de Ambiente provincial, Daniela Villar, subrayó que la Argentina cuenta con una de las mayores reservas de agua dulce de Latinoamérica. “No podemos permitir una flexibilización que ponga en riesgo nuestros bienes comunes”, afirmó, al fijar la postura oficial frente al tratamiento parlamentario.
La ley sancionada en 2010 prohíbe la exploración minera e hidrocarburífera en zonas glaciares y creó el Inventario Nacional, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, dependiente del Conicet. Ese relevamiento identifica y monitorea las reservas estratégicas de hielo en el país.
El proyecto en discusión propone redefinir el ambiente periglacial y transferir a las provincias la facultad de delimitar áreas protegidas. Para la Provincia, la falta de consenso en el COFEMA refleja el rechazo federal a una reforma que, aseguran, debilita herramientas clave de resguardo ambiental.