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Pablo López, ministro de Economía bonaerense, afirmó que la Provincia de Buenos Aires perdió más de $22,2 billones desde la asunción del presidente Javier Milei, como consecuencia de recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica nacional en la producción y la recaudación tributaria. La cifra fue compartida por el funcionario en su cuenta de X como parte del reclamo ante la Nación por fondos adeudados.
Según el propio López, ese monto equivale a aproximadamente ocho años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto total de la administración bonaerense o a más de un año entero de recaudación propia. En términos concretos, graficó que se podrían construir más de 15.000 kilómetros de rutas con esos recursos, un dato que el gobierno utiliza para dimensionar el impacto del “ahogo financiero” que acusa a la Casa Rosada.
Desde el Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof sostienen que buena parte de la pérdida corresponde a obras nacionales comprometidas y nunca terminadas por la gestión nacional, así como a fondos previstos por ley que no se han transferido, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), transferencias previsionales y el Fondo de Incentivo Docente (FONID). La Provincia insiste en que estos recursos son clave para sostener servicios esenciales.
Este brutal ajuste atenta directamente contra el desarrollo productivo, ningún país se desarrolla sin inversión pública.
— Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) February 22, 2026
El Gobierno nacional debe hacerse cargo de sus obligaciones.
“La Nación se retira de sus responsabilidades y deja a la Provincia con recursos deprimidos”, afirmó López, quien describió la situación como un escenario en el que educación, salud, seguridad y obra pública quedan “abandonadas” por la falta de fondos nacionales. El funcionario también aseguró que, si se suman las deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados, lo adeudado explicaría cerca del 50% del superávit primario acumulado por el Estado nacional desde 2024, una denuncia que el gobierno provincial utiliza para reforzar su discurso ante sindicatos y la opinión pública.
El planteo de la gestión bonaerense llega en un contexto de creciente tensión con los gremios estatales y docentes, con sindicatos que rechazaron la última oferta salarial provincial y anunciaron medidas de fuerza, incluido un paro docente que pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo. Sectores como la Federación Gremial de Empleados de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamaron la reapertura de paritarias y advierten que la pérdida de poder adquisitivo salarial es cada vez más profunda.
Los gremios sostienen que la falta de aumentos proporcionales a la inflación afecta directamente a trabajadores de la educación, la salud y la administración pública en general, y en su pedido formal ante el Ministerio de Trabajo bonaerense reclaman medidas urgentes para reabrir la discusión salarial y “recuperar lo perdido” en los últimos años. Parte de sus propuestas incluso incluyen medidas para reforzar ingresos provinciales como posibles subas impositivas a grandes contribuyentes, según reclamó ATE.
Además, Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, citó un tweet de su par en Economía que explica en gráficos la deuda que reclama la Provincia a Nación.
Milei se está quedando con la plata de las familias bonaerenses.
— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) February 24, 2026
La deuda de la Nación con la Provincia de Buenos Aires ya supera los $22 billones. Son recursos que deberían estar en rutas, escuelas, hospitales y obras que generan trabajo.
Hipotecan el futuro paralizando la… https://t.co/Q8SQr7uSrb
La combinación de un reclamo histórico de deuda con la Nación y una negociación salarial estancada convierte a la provincia de Buenos Aires en un escenario de creciente conflictividad social y política. Mientras el gobierno bonaerense sostiene que las paritarias siguen abiertas, los sindicatos advierten que la oferta actual es insuficiente y las próximas semanas serán clave para definir si la protesta y las medidas de fuerza se profundizan.
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