El gobierno bonaerense sube el canon del agua y apunta a frenar la sobreexplotación

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó este viernes la actualización de la fórmula para el cálculo del canon por uso y explotación del agua, un tributo que se aplica a usuarios no domiciliarios con fines productivos, excluyendo expresamente a los hogares particulares.

La medida fue formalizada a través del Decreto 3233/25, publicado en el Boletín Oficial, y representa un cambio profundo en la manera en que se valora el uso del recurso hídrico, buscando una estructura más técnica, transparente y ajustada a las características reales de cada explotación productiva.

Según explicaron desde la Autoridad del Agua (ADA), organismo provincial responsable del régimen, la nueva fórmula incorpora parámetros como el caudal declarado, la fuente de extracción (superficial o subterránea), el factor de retorno al sistema, la magnitud del emprendimiento y la disponibilidad hídrica regional, entre otros criterios técnicos y ambientales.

Con estos cambios, el canon dejará de basarse en criterios uniformes para todos los usuarios productivos y adoptará un esquema progresivo en el que quienes extraigan mayores volúmenes de agua enfrentarán una carga mayor, con el objetivo de desincentivar la sobreexplotación y promover prácticas más eficientes y sostenibles.

Las industrias, establecimientos agropecuarios, centrales energéticas, explotaciones mineras y desarrollos urbanísticos privados que utilicen el recurso quedarán alcanzados por el nuevo esquema, que también considera beneficios para quienes instalen medidores de caudal o reintegren mayor porcentaje del agua sin deteriorar su calidad.

Desde el Ejecutivo bonaerense afirmaron que la actualización del canon responde a la necesidad de “adecuar el cobro al uso efectivo y al impacto real sobre el recurso”, reforzando el papel del agua no solo como un insumo económico sino también como un bien ambiental estratégico.

El esquema progresivo, además, contempla cargas diferenciadas según la vulnerabilidad de las fuentes de agua, con especial atención a los acuíferos más sensibles, y establece incentivos para quienes adopten tecnologías y procesos que reduzcan el impacto hídrico de su actividad.

El canon actualizado tendrá una implantación gradual, según precisó la provincia, para permitir que los distintos sectores productivos se adapten a las nuevas reglas y calculen el impacto económico de sus extracciones antes de la plena vigencia de la normativa.

Los fondos recaudados a partir del canon continuarán destinados al fortalecimiento de las tareas de medición, planificación, monitoreo y control de las fuentes hídricas que lleva adelante la ADA, consideradas centrales para garantizar la disponibilidad y calidad del agua a largo plazo.

Analistas ambientales y sectores productivos evaluarán en las próximas semanas el alcance de esta actualización, que se inscribe en un contexto de mayor presión sobre los recursos hídricos en la región y repercutirá en la gestión de industrias, producciones agrícolas y otras actividades económicas que dependen del agua como insumo fundamental.