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La crisis salarial en la provincia de Buenos Aires terminó en una advertencia pública del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien aseguró que “los sueldos en la Argentina son una miseria” y que la mayoría de los trabajadores estatales, incluidos los policías, ya no logran cubrir necesidades básicas. Alonso precisó que cerca del 70 % de los asalariados cobra menos de un millón de pesos por mes, una cifra que, según su análisis, “igual no alcanza a nadie”.
El ministro señaló que incluso los efectivos en segundo año de servicio perciben alrededor de un millón cincuenta mil pesos entre salario básico, actividad y compensaciones como el uniforme, pero que esta suma está lejos de cubrir los gastos cotidianos en un contexto de alta inflación. Por esa razón, muchos agentes combinan su labor en la fuerza con otras tareas: desde manejar autos de aplicaciones hasta prestar servicios como policía adicional, fuera de sus horarios oficiales.
Esta realidad se inscribe en un contexto más amplio de pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales. Además de la Policía bonaerense, maestros, jueces y fiscales enfrentan realidades similares, y en algunos casos, como en el sector docente, los ingresos están por debajo de lo que correspondería según la paritaria. En sectores policiales de otras provincias, como Santa Fe, estas tensiones incluso provocaron protestas y demandas concretas de mejoras al punto de que el gobernador terminó anunciando un salario mínimo de más de 1.3 millones de pesos para efectivos.
La situación también revive debates sobre el rol del empleo público y la atracción de personal a la fuerza. En años recientes, la provincia de Buenos Aires aplicó aumentos salariales escalonados del 9 % o más para el personal policial y estatales en medio de tensiones económicas, pero dichos incrementos quedaron por detrás del ritmo inflacionario del país.
Alonso, además de hacer hincapié en los sueldos, también advirtió sobre el impacto de la reducción de recursos provinciales debido a menores transferencias federales que, según él, significaron miles de millones de dólares menos para la Provincia, lo que, aseguró, complica aún más la capacidad del Estado para sostener salarios y gestión pública.
El discurso del ministro se da en medio de un clima político y social complejo, donde las demandas de sectores de seguridad y empleados estatales se entrelazan con críticas a políticas económicas nacionales y provinciales, y con señales de que el debate sobre condiciones laborales continuará siendo un tema central en la agenda pública bonaerense.
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