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La disputa judicial por la administración del Complejo Punta Mogotes entregó un nuevo capítulo, y es que luego de que el Gobierno bonaerense intentó desplazar el litigio hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Municipio de General Pueyrredón presentó una contundente réplica legal, donde solicitó que el recurso extraordinario de la Provincia sea declarado inadmisible.
En su escrito, el Ejecutivo municipal sostuvo que no existen los presupuestos jurídicos básicos para que el máximo tribunal del país tome intervención en una disputa que, por naturaleza, debe resolverse en los tribunales de la ciudad balnearia.
Este nuevo capítulo se encuadra en una guerra de jurisdicciones que viene escalando desde hace varios meses. Mientras la Provincia busca, mediante una sofisticada ingeniería legal, "patear el tablero" y sacar el expediente de la órbita de los jueces locales —quienes hasta ahora han mantenido medidas cautelares favorables a la comuna—, el equipo legal del Municipio de General Pueyrredon refuerza la trinchera marplatense.
El argumento central de la administración local es que la resolución que la Provincia pretende impugnar no constituye una sentencia definitiva; se trata, en rigor, de una discusión sobre qué juez debe intervenir y no sobre el fondo de la cuestión: la disputa por la administración del complejo.
Desde la óptica de la administración local, el planteo bonaerense carece de sustento al alegar una supuesta "gravedad institucional". La respuesta municipal es tajante: la controversia se limita a una disputa procesal entre dos niveles del Estado provincial y no afecta el funcionamiento del sistema republicano ni los intereses generales de la Nación.
De este modo, la gestión local busca desmontar la narrativa platense que intenta calificar de "arbitraria" la actuación de la justicia marplatense, defendiendo que el proceso se ajusta estrictamente a las reglas de competencia vigentes en el fuero Contencioso Administrativo.
Esta resistencia jurídica se produce en un contexto de alta tensión política, donde el Ejecutivo provincial ha intentado avanzar con hechos consumados, como la promoción de un Concurso de Ideas para renovar el complejo, ignorando las restricciones judiciales que ordenaban preservar el statu quo.
Para el municipio de General Pueyrredon, la clave sigue residiendo en el depósito de los 14 millones de pesos realizado en 2024, con el cual consideran saldada la deuda histórica que vinculaba a la ciudad con la administración compartida.
Al retener la causa en el Juzgado Contencioso Administrativo local, la comuna busca blindar esa posición y evitar que el conflicto se diluya en los tiempos, a menudo inabarcables, de los tribunales federales.
Con el pase al acuerdo dispuesto por la Secretaría de la Suprema Corte bonaerense, la pelota queda ahora en terreno de los ministros del máximo tribunal provincial. Ellos deberán decidir si habilitan la vía hacia la Nación o si, como pretende la administración local, ratifican que el destino de Punta Mogotes se seguirá definiendo en Mar del Plata.
Teniendo en cuenta que los contratos de las unidades balnearias vencerán este año, los ojos se posan en la próxima decisión de la Justicia sobre el futuro de este sector icónico de la Costa bonaerense.
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