La polémica por la circulación de vehículos todoterreno en Pinamar sumó un nuevo capítulo esta semana luego de que la Justicia bonaerense dictara un fallo que prohíbe las actividades motorizadas en los médanos de “La Frontera”, una de las zonas más populares del distrito costero. La resolución abarca camionetas 4×4, UTV, cuatriciclos y motos, y ordena la suspensión inmediata de picadas, pruebas de destreza y competencias informales por considerarlas de alto riesgo para la seguridad pública.
La medida fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, a cargo del juez suplente Félix Adrián Ferrán, a raíz de un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En sus fundamentos, el magistrado destacó que las maniobras temerarias sin controles y señalización han derivado en accidentes graves con víctimas, varios de ellos menores de edad, y que corresponde resguardar la integridad física de peatones y familias en la zona.
La sentencia judicial se conoció en medio de la temporada de verano y luego de un siniestro ocurrido a mediados de enero, en el que un UTV chocó con una camioneta Volkswagen Amarok dejando gravemente herido al niño de ocho años, Bastián Jerez, quien sigue internado en estado delicado. Este hecho fue uno de los argumentos centrales en la presentación que impulsó la cautelar.

La reacción política no tardó en llegar. El diputado bonaerense Agustín Romo, titular del bloque La Libertad Avanza, cuestionó duramente al juez y utilizó un término fuerte en redes sociales al calificarlo de “boludo”, además de sugerir que la prohibición responde más a una intención mediática o política que a una solución efectiva para la seguridad.
Romo defendió a quienes practican estas actividades recreativas, insistiendo en que “el 99% de la gente que va con camioneta, cuatriciclo o UTV lo hace de manera responsable” y que el fallo judicial es una “payasada” porque, en su opinión, prohíbe conductas que ya están penadas, como las picadas.
Por su parte, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, también anunció que el municipio apelará la medida ante la Justicia. Ibarguren calificó la prohibición de “injusta” y defendió la actividad como “algo cultural” del distrito que genera trabajo y movimiento económico, al asegurar que la mayoría de los usuarios respetan normas de seguridad.
Las autoridades locales argumentan que el problema no es la práctica en sí, sino la falta de controles, señalización y delimitación de las áreas de uso, por lo que proponen avanzar en una regulación más estricta en lugar de una prohibición total. Ibarguren también señaló que el municipio ya implementó sanciones más severas y operativos tras los últimos incidentes con vehículos en los médanos.
La disputa entre el Ejecutivo municipal y el Poder Judicial abre un nuevo debate sobre el uso de espacios públicos en la costa atlántica argentina, donde la seguridad, el turismo y las tradiciones recreativas se cruzan con la responsabilidad estatal de proteger a la población frente a riesgos evidentes. Con la apelación presentada, el conflicto judicial y político promete extenderse en las próximas semanas.