Paritarias y subsidios: la puja por el modelo de financiamiento en el transporte

En el marco de una nueva instancia de negociación paritaria para los conductores de colectivos, ha resurgido una controversia estructural que el sistema de transporte parecía haber comenzado a resolver: el criterio de distribución de los subsidios estatales. En este escenario, diversos actores del sector privado intentan aprovechar la discusión salarial para proponer el retorno al esquema de subsidios por oferta, un modelo cuya eficiencia y sostenibilidad han sido blanco de profundos cuestionamientos en los últimos años.

El esquema que los sectores más influyentes de la patronal buscan rehabilitar consiste en asignar compensaciones basadas en kilómetros recorridos, cantidad de unidades declaradas o tamaño de la flota. Bajo esta lógica, el Estado garantiza ingresos independientemente de la ocupación de las unidades. Para los analistas del sector, este sistema incentiva el desaprovechamiento de recursos, ya que no genera estímulos para optimizar frecuencias ni para mejorar la calidad del parque automotor, priorizando el sostenimiento de estructuras empresariales por sobre la captación de usuarios.

En contrapartida, los modelos de transporte modernos se orientan a subvencionar la demanda, es decir, pagar por pasajero transportado. Este enfoque premia la eficiencia operativa y obliga a las empresas a adaptar su capacidad real al flujo de usuarios. Además, establece un incentivo financiero directo para la inversión en unidades más modernas y confortables, lo que impacta positivamente en la experiencia de viaje y en la movilidad urbana.

En este contexto, las cámaras empresariales con mayor ascendencia en el área metropolitana se posicionan como las principales impulsoras de un cambio en la metodología de reparto. Se advierte que estas entidades utilizan la presión de la negociación paritaria como un mecanismo para forzar el regreso a un sistema que les garantiza rentabilidad sin exigencias de competitividad o calidad de servicio, trasladando el costo de las ineficiencias operativas directamente al erario público.

Desde fuentes del sector señalan que esta disputa trasciende lo técnico para convertirse en una definición política sobre el destino de los fondos públicos. Advierten que el eje del debate reside en determinar si el Estado debe sostener estructuras de transporte con unidades de baja ocupación o priorizar aquellos esquemas que premian el servicio efectivamente prestado. Asimismo, desde los organismos de control se recuerdan los antecedentes de irregularidades vinculadas a la provisión de combustible y se subraya que la paritaria salarial no debería ser utilizada como moneda de cambio para reinstalar modelos de subsidios que ya han demostrado su falta de transparencia y efectividad.