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El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la reapertura de las negociaciones paritarias con gremios estatales, docentes y judiciales, en medio de fuertes reclamos sindicales por recomponer los salarios frente a la persistente inflación. La reunión está prevista para este martes 13 de enero en sede del Ministerio de Trabajo bonaerense.
La convocatoria oficial se da tras una intensa presión de organizaciones como UPCN, ATE y otros sindicatos que agrupan a trabajadores bajo la Ley 10.430, que habían pedido formalmente la reapertura de la mesa salarial tras el cierre de 2025 sin una oferta suficiente y con pérdida de poder adquisitivo.
Hasta el momento, la Provincia había mantenido la paritaria de 2025 “abierta” y pospuesto las conversaciones para enero, luego de que el último ajuste salarial se aplicara en dos tramos, en agosto y octubre de 2025, con un incremento que quedó por debajo de las expectativas frente a la inflación del año pasado.
Los gremios exigieron que la discusión salarial no solo retome cláusulas de actualización automático por inflación, sino que incluya una recomposición real de los salarios, junto con mejoras en adicionales, sumas fijas y cláusulas de revisión, para compensar el deterioro de los ingresos de los trabajadores estatales.
Las organizaciones docentes, nucleadas en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que reúne a SUTEBA, UDOCBA, FEB, AMET y SADOP, también se sumaron a los reclamos formales y presentaron notas ante el Ministerio de Trabajo para que se reabra la discusión salarial que estaba prevista para diciembre pasado.
La tensión gremial viene creciendo en las últimas semanas: sindicalistas advirtieron que la paritaria no puede considerarse cerrada y que la falta de definiciones está afectando la planificación salarial y laboral de miles de trabajadores estatales, docentes y judiciales en la Provincia.
Desde el Ejecutivo provincial, aunque se comprometieron a retomar las negociaciones, también se señalaron limitaciones fiscales relacionadas con la caída de recursos provinciales ante la situación económica general, algo que funcionarios bonaerenses ya habían planteado como un factor que condiciona el ritmo y alcance de las negociaciones salariales.
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