Cómo se cubrirán las vacantes de la Suprema Corte bonaerense en 2026: el paso a paso para definirlas

La Provincia de Buenos Aires encara en 2026 uno de los desafíos institucionales más relevantes de los últimos años: completar la composición de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, órgano que desde 2024 funciona con apenas tres de los siete ministros que establece la Constitución provincial, tras jubilaciones, renuncias y un fallecimiento.

Las vacantes se produjeron por la jubilación de Luis Genoud, la renuncia de Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters, y el fallecimiento del juez Héctor Negri, dejando al máximo tribunal en situación extraordinaria de funcionamiento. El año judicial 2025 estuvo marcado por avances en cobertura de cargos de primera y segunda instancia, pero la discusión sobre la Corte fue postergada para una negociación política más amplia en 2026.

El proceso para designar a los cuatro ministros que restan cubrir es político-institucional y está establecido en la Constitución provincial (artículos 175, 177 y 181). A diferencia de los jueces de primera instancia, nombrados por concurso a través del Consejo de la Magistratura, los integrantes de la Suprema Corte deben ser propuestos por el Poder Ejecutivo provincial y aprobados por el Senado bonaerense con mayoría absoluta.

Los candidatos deben cumplir requisitos estrictos: ser argentino nativo o hijo de ciudadano nativo, poseer título de abogado expedido o revalidado por una universidad nacional, tener entre 30 y 70 años al momento de la designación y acreditar al menos diez años de ejercicio profesional o magistratura.

Una vez que el Gobernador firma el decreto de postulación, el pliego ingresa por Mesa de Entradas del Senado provincial, se publica en el Boletín Oficial y se abre un plazo para que ciudadanos, organizaciones civiles y entidades profesionales presenten observaciones o impugnaciones fundamentadas. Luego, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos evalúa los antecedentes, requisitos y entrevistas a los postulantes antes de emitir dictamen.

Tras el análisis en comisión, el pliego puede llegar al recinto para la votación definitiva, donde se necesita mayoría de los senadores presentes para obtener el acuerdo. Sin consenso político, no es raro que estos pliegos queden “cajoneados” y su aprobación se postergue por meses, complicando la recomposición del tribunal.

Más allá de la mecánica formal, la paridad de género es un factor que fuerza la agenda pública: organizaciones de sociedad civil y académicas consideran que la Provincia tiene una “oportunidad histórica” de corregir la subrepresentación femenina en la Suprema Corte y deben priorizarse candidatas mujeres para al menos parte de las vacantes, en línea con compromisos constitucionales e internacionales de igualdad.

La discusión no es solo jurídica sino también política. La presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, será una figura central en las negociaciones, donde deberán articularse acuerdos entre bloques con representación diversa y conducir un equilibrio entre técnica judicial e intereses partidarios.

La cobertura de estas vacantes también ocurre en un contexto más amplio de cambios en la Justicia argentina, donde a nivel nacional hubo debates sobre la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema de la Nación, un mecanismo excepcional que organizaciones de derechos humanos han cuestionado por su impacto en la independencia judicial, lo que subraya la importancia del respeto a los procedimientos constitucionales.

Para 2026, la integración de los cuatro cargos en la Suprema Corte provincial será tanto un termómetro institucional de la política bonaerense como un indicador de la capacidad de la Legislatura para articular consensos y avanzar en un proceso complejo, que combina requisitos legales, negociaciones entre fuerzas políticas y demandas sociales por mayor representatividad y paridad en la Justicia.