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El Gobierno bonaerense oficializó un movimiento interno en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que involucra la salida de Fernanda Miño y la designación de Fernanda García Monticelli en un área estratégica del organismo, reforzando así la presencia del espacio político que conduce Juan Grabois dentro de la administración provincial. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y rige de manera retroactiva desde el 10 de diciembre de 2025.
Miño, quien asumió como diputada nacional tras las elecciones legislativas de 2025, dejó su cargo como responsable de la Unidad de Coordinación Técnica de Apoyo del Ministerio para las obras del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, con rango equivalente a directora provincial. La dirigente bonarense es una figura destacada en políticas de integración urbana y fue secretaria de Integración Socio Urbana a nivel nacional durante la gestión de Alberto Fernández.
Su salida coincide con un contexto político en el que Grabois y referentes de su espacio han buscado mantener influencia en áreas vinculadas a obra pública y desarrollo territorial. El propio espacio de Grabois había tenido visibilidad en listas electorales recientes, como la candidatura de Miño en 2025 en posición destacada en la boleta del peronismo bonaerense.
La nueva funcionaria, Fernanda García Monticelli, es contadora pública y abogada. Antes de este nombramiento se desempeñaba como directora de Polos Productivos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, además de haber ocupado cargos en la coordinación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y en la Subsecretaría de Gestión de Tierras y Servicios Barriales. Su perfil combina experiencia técnica y gestión territorial.
Este recambio se da en un momento en que el gobernador Axel Kicillof busca consolidar su gestión frente a múltiples desafíos, entre ellos la ejecución de obras públicas significativas en infraestructura vial, educativa y urbana en toda la provincia. El Ministerio de Infraestructura, por su parte, maneja uno de los presupuestos más altos entre las carteras provinciales, con más de mil millones de pesos proyectados para 2025.
La decisión de fortalecer familiaridad política en áreas clave también ocurre en un contexto donde el Gobierno provincial enfrenta tensiones con la administración nacional por fondos y obras de infraestructura, y reclama por fondos que considera esenciales para avanzar con proyectos viales y de servicios públicos. Esto se inscribe dentro de un escenario más amplio de disputa política sobre la priorización de inversiones y recursos en territorio bonaerense.
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