La Provincia de Buenos Aires oficializó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2026, el índice que determina cómo se reparte la coparticipación provincial entre los 135 municipios bonaerenses. La actualización fue publicada por el Ministerio de Economía que conduce Pablo López y revela cambios con impactos concretos en las finanzas locales.
En el nuevo esquema, La Matanza sigue siendo el municipio con mayor participación, aunque su coeficiente cayó de 6,70855 en 2025 a 6,58306 en 2026, acumulando menos recursos relativos pese a mantener el liderazgo en la coparticipación.
Entre los grandes movimientos sobresale La Plata, que vio crecer su coeficiente de 3,10573 a 3,16983, consolidándose como el segundo municipio con mayor participación en el reparto de fondos provinciales y reforzando su posición política y financiera de cara a 2026.

El Interior bonaerense aparece como uno de los grandes ganadores del reordenamiento: distritos como Chacabuco (+15,68%), Campana (+12,50%) y Capitán Sarmiento (+10,62%) registran fuertes subas en sus coeficientes, lo que se traduce en una mayor llegada de recursos.
Otros municipios del Interior, como Necochea, también mejoraron su participación, pasando de un coeficiente de 0,69513 a 0,71164, lo que representa más fondos disponibles para programas, servicios y gastos comunales.
En el Gran Buenos Aires los resultados son mixtos: San Miguel creció significativamente, mientras que San Isidro y Vicente López se encuentran entre los distritos que más caen en el reparto, con reducciones cercanas al máximo permitido por la ley vigente.

Algunos municipios tradicionales del Interior sufren retrocesos en su coeficiente, aunque en forma más moderada: distritos como Balcarce y Olavarría registran bajas que, si bien porcentuales menores, pueden impactar en presupuestos apretados.
El reacomodamiento del CUD llega en un contexto económico desafiante, donde muchos intendentes advierten que cada milésima de coeficiente se traduce en tensiones financieras, especialmente ante mayores demandas de servicios sociales y la presión de demandas locales en salud y seguridad.