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El gobernador Axel Kicillof firmó un decreto que establece un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio público tras la eliminación de los subsidios nacionales que llegaban desde el Estado que comanda Javier Milei. La medida busca sostener las líneas urbanas y suburbanas que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires bajo jurisdicción provincial y municipal.
La normativa provincial surge ante el vacío que dejó la Nación al eliminar el Fondo Compensador del Interior y reducir aportes directos al transporte público, una política impulsada por el gobierno nacional que había afectado financieramente al sistema en todo el país. Esta decisión obliga a la Provincia a hacerse cargo del financiamiento para evitar aumentos bruscos en las tarifas para los usuarios.
El nuevo régimen incorpora una metodología de cálculo, distribución y control de las compensaciones, apoyándose en herramientas como el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), los reportes electrónicos de kilómetros y el seguimiento de la demanda real de pasajeros. Estos mecanismos permitirán ajustar los recursos de manera más precisa según la operación de cada línea.
Según lo dispuesto, el Ministerio de Transporte bonaerense será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de administrar los fondos, definir los criterios técnicos y supervisar la rendición de cuentas de las empresas prestatarias del servicio. Además, se estableció que los municipios deberán adherir a los cuadros tarifarios provinciales para poder acceder a las compensaciones.
La medida alcanza a más de 40 municipios del Conurbano y el AMBA, entre ellos La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, Avellaneda, La Plata, Tigre y San Isidro, con posibilidad de sumar nuevas jurisdicciones en función del crecimiento urbano y cambios en la demanda.
El régimen también introduce cambios estructurales en la normativa del transporte público provincial, formalizando la categoría de servicio “suburbano” y eliminando la de “rural”, un ajuste que responde a la actual configuración del sistema de movilidad. Con estas decisiones, el gobierno bonaerense busca blindar el transporte del AMBA frente al retiro de subsidios nacionales y garantizar la prestación regular de un servicio esencial para millones de pasajeros.
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