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El gobernador bonaerense Axel Kicillof promulgó la Ley 15.607, que establece un régimen integral de fomento, promoción y regulación de la actividad audiovisual que inicia con un fondo de aproximadamente 700 millones de pesos, que se actualizará año a año por la ley de Presupuesto bonaerense.
En el 2023 Kicillof presentó un proyecto para la creación de la Ley Audiovisual, después de dos años de idas y vueltas, de espera y rosca entre el kicillofismo y el kirchnerismo, el Senado aprobó el proyecto proveniente de Diputados y convirtió en ley la iniciativa audiovisual.
La legislación sostiene que para la administración del fondo de fomento se crea el Consejo provincial regional, una especie de “INCAA bonaerense” conformado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes regionales del sector audiovisual, que tendrán la misión de llevar transparencia en la distribución de fondos.
En tanto, en el articulado de los beneficiarios del fomento, los favorecidos de la presente normativa podrán ser personas humanas y personas jurídicas con domicilio fiscal en la Provincia de Buenos Aires, con dos (2) años de residencia consecutiva previos a su presentación y, al momento de la solicitud de los Subsidios, Fomentos o Créditos deberán:
a) estar inscriptos en el Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense en el ámbito del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires;
b) encontrarse en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales, lo que deberán acreditar con el certificado de libre deuda o instrumento similar emitido por la entidad respectiva;
c) acreditar haber dado cumplimiento a los derechos de Propiedad Intelectual conforme surge de las Disposiciones del Decreto 830/2021 y sus modificatorios.
Como polémica, figura en uno de los artículos que le da la posibilidad de que Kicillof pueda efectuar todas las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
Finalmente, otra de las aristas de la normativa es que declara a la actividad audiovisual como una actividad productiva de transformación, de interés público y cultural, con valor estratégico para el desarrollo provincial.
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