Legisladores bonaerenses repudiaron la decisión del Gobierno nacional de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad y traspasar sus funciones al Ministerio de Salud. La medida, anunciada por la gestión de Javier Milei en las últimas horas, se da en medio del escándalo por presuntas coimas y generó fuertes críticas desde la Legislatura provincial por su impacto institucional y social.
Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, la reestructuración no implicará recortes en pensiones ni en prestaciones para personas con discapacidad. Las funciones de la ANDIS pasarán a la cartera que conduce Mario Lugones, con el argumento de ordenar el sistema, eliminar cargos políticos y garantizar que los recursos lleguen a sus destinatarios.
Desde el oficialismo nacional señalaron que el cierre permitirá suprimir 16 cargos y reducir casi un 46% la estructura jerárquica del área. Además, sostuvieron que auditorías internas detectaron irregularidades administrativas, por lo que el rediseño busca mayor eficiencia y transparencia en el uso de fondos públicos.

La senadora bonaerense Fernanda Raverta fue una de las más duras. Afirmó que el Gobierno “no busca cerrar organismos, sino explicaciones” y cuestionó que se invoque la transparencia sin dar respuestas sobre audios, allanamientos y presuntos retornos que involucran a exfuncionarios y dirigentes cercanos al poder.
En la misma línea, Emmanuel González Santalla advirtió que no alcanzó con frenar la ley de emergencia en discapacidad ni con dar de baja miles de pensiones. Para el legislador, la eliminación del organismo expresa “desprecio y abandono” hacia los sectores más vulnerables, y definió la medida como un acto de crueldad.
El repudio se amplió a otros espacios. Romina Barreiro y la exdiputada radical Nazarena Mesías también rechazaron la decisión y denunciaron desfinanciamiento y corrupción. En paralelo, la Justicia avanza con allanamientos y peritajes en la causa por coimas en la ANDIS, que sigue sumando capítulos.