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La controversia por el control de alcoholemia realizado por un subcomisario de la Policía Bonaerense a la salida de una jineteada en Coronel Suárez continúa escalando y suma nuevos actores, denuncias cruzadas y lecturas políticas que mantienen el conflicto en el centro de la escena provincial.
Desde el municipio que conduce Ricardo Moccero aseguran que el operativo fue irregular y que el efectivo actuó por fuera de sus incumbencias. Según explicaron, los controles de alcoholemia son organizados por la comuna con apoyo policial, y en este caso el subcomisario “se mandó a hacer un control” sin consultar a superiores ni a las autoridades locales.
En la gestión municipal sostienen que el accionar del efectivo configuró un “desacato”, al no respetar los protocolos establecidos. Remarcan que el control se montó en una calle cerrada, a la salida directa del evento, en condiciones de altas temperaturas y con demoras que afectaron incluso a personas mayores.
Otro de los puntos cuestionados es el uso de un alcoholímetro que, según fuentes locales, no estaría correctamente calibrado. Desde el Ejecutivo consideran que ese factor, sumado a la falta de autorización, explica el enojo de los vecinos y el respaldo político que el intendente dio a la protesta.
En Coronel Suárez también expresaron malestar por la cobertura mediática del caso. Niegan haber justificado la ausencia de controles y aseguran que el distrito cumple con la ley y sostiene operativos regulares sin antecedentes de siniestros a la salida de eventos nocturnos.
En paralelo, trascendió que el subcomisario se presentó ante la Justicia para denunciar un presunto abuso de autoridad por parte del jefe comunal. Desde el municipio calificaron la presentación como “disparatada” y adelantaron que reunirán antecedentes del efectivo para elevarlos a Asuntos Internos.
La postura del Ministerio de Seguridad bonaerense fue de cautela. Si bien ratificó el respaldo institucional al policía, aclaró que cualquier irregularidad debe ser probada en sede judicial o administrativa, y recordó que los intendentes no tienen potestad para pedir la remoción de jefes policiales.
El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, solicitó formalmente el traslado del subcomisario a su distrito, una jugada que fue leída en Suárez como oportunismo político y terminó de avivar una polémica que, lejos de cerrarse, promete nuevos episodios.
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