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La interna del peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo de alta tensión en el Senado provincial, luego de que la vicegobernadora Verónica Magario convocara a una sesión recién para febrero de 2026, una decisión que desató el malestar del bloque cristinista y profundizó la disputa con el kicillofismo.
La convocatoria, enviada en la noche del miércoles a todos los senadores, tomó por sorpresa a buena parte del cuerpo y fue leída como una maniobra política en la antesala de la reunión del Partido Justicialista bonaerense, en un contexto de disputa abierta por el control del espacio.
Ante ese escenario, un grupo de senadores de Unión por la Patria solicitó con carácter de urgente una audiencia con Magario, reclamando la falta de respuesta a una Sesión Especial pedida el 12 de diciembre y reiterada días después, que aún no tuvo resolución formal.
En la nota enviada a la presidenta de la Cámara Alta provincial, los legisladores advirtieron que existen temas institucionales de extrema gravedad pendientes de tratamiento, entre ellos los pedidos de licencia que, según denunciaron, fueron otorgados en la sesión preparatoria en violación del Reglamento Interno del Senado.
Además, reclamaron garantizar la integración plena del cuerpo mediante la eventual toma de juramento de las senadoras Roxana López y Marisa Pirillo, una condición que consideran indispensable para asegurar la representación política y el normal funcionamiento del recinto.
Otro punto central del reclamo es el tratamiento urgente de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo vinculados al esquema de salud y la industria farmacéutica bonaerense, cuya importancia fue subrayada por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y que podrían perder estado parlamentario.
El conflicto cerró con un pedido explícito para regularizar la elección de autoridades del Senado y resguardar la continuidad administrativa, mientras la guerra interna en el oficialismo escala y amenaza con paralizar la agenda legislativa en un año clave para el futuro del peronismo provincial.
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