El debate por el Presupuesto nacional entró en una fase crítica: los gobernadores reclaman fondos frescos y la Casa Rosada necesita que el proyecto se apruebe antes de las Fiestas para cerrar el año con señales de estabilidad política y fiscal. Aunque en el oficialismo admiten que habrá cambios respecto del dictamen aprobado en noviembre, las negociaciones con las provincias siguen lejos de un acuerdo definitivo.
Para intentar destrabar la discusión, el Gobierno de Milei comenzó a refinanciar deudas provinciales como un gesto político hacia los mandatarios, una estrategia impulsada por Diego Santilli. Sin embargo, en los bloques dialoguistas advierten que la señal es insuficiente y remarcan que la clave es que aparezca dinero real antes del cierre del año.
Entre los gobernadores crece la idea de que las obras y fondos solicitados deberían quedar garantizados dentro del Presupuesto, pero la urgencia es más inmediata: piden que parte de esos recursos llegue ahora, posiblemente a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La presión se agudizó tras las declaraciones de Maxi Pullaro y Gustavo Sáenz, quienes valoraron el diálogo, pero marcaron que las soluciones concretas todavía no llegan.

La tensión se profundiza con el deterioro de las finanzas provinciales. Según estimaciones del IARAF, en noviembre las transferencias automáticas tuvieron una caída real interanual del 5,4%, producto de la merma en la recaudación. Este contexto complica a los gobernadores, que exigen previsibilidad y fondos para atravesar el cierre del año y sostener la obra pública mínima.
En el Congreso, los bloques de La Libertad Avanza esperan que el Ejecutivo muestre algún gesto contundente antes de retomar el debate en el recinto. El Gobierno aspira a aprobar la ley antes de Navidad, pero los tiempos legislativos juegan en contra: después del jueves 18, difícilmente pueda sesionar la Cámara de Diputados nacional por la cercanía con las fiestas.
A la par de la discusión presupuestaria, en la Rosada también buscan avanzar con otros proyectos antes del receso, entre ellos la modificación de la Ley de Glaciares y una iniciativa para sancionar a legisladores que aprueben leyes sin detallar su financiamiento. Con varias tensiones abiertas y un diciembre ajustado, la negociación con los gobernadores se convirtió en el principal escollo para cerrar el año político.