El debate por el Presupuesto 2026 en la provincia de Buenos Aires entró en una fase decisiva y cargada de tensiones políticas. Axel Kicillof necesita reunir los dos tercios de la Legislatura para obtener autorización de endeudamiento para 2026, un punto central del proyecto de financiamiento que envió a principios de noviembre y que hoy se negocia en una mesa ampliada con la oposición.
Con el PRO, la UCR y la Coalición Cívica actuando como un bloque coordinado, la gobernación debe conseguir avales que no son gratuitos. La oposición vinculó directamente su apoyo a la discusión por cargos estratégicos, especialmente aquellos que llevan meses, e incluso años, sin resolverse. Así, la pulseada por los sillones vacantes se metió de lleno en la negociación presupuestaria.
El primer foco de interés está puesto en el Banco Provincia. El directorio de la banca pública arrastra mandatos prorrogados, sillas vacantes y espacios que quedarán libres en diciembre. La salida de Sebastián Galmarini para asumir como diputado nacional abre un hueco clave y habilita una negociación que podría definir apoyos legislativos en los próximos días.

El peronismo pretende retener los cargos propios, incluido el de Laura González, mientras que el massismo busca asegurar continuidad y representación. En paralelo, el PRO y la UCR reclaman recuperar peso en el directorio. Nombres como el de Marcelo Daletto, que termina mandato, suenan como parte de un eventual acuerdo que destrabe votos para el financiamiento.
Pero la discusión no termina en el Banco Provincia. En la Suprema Corte de Justicia bonaerense hay cuatro vacantes que llevan años abiertas, una situación que la oposición considera inadmisible. Hoy el máximo tribunal funciona apenas con tres de sus siete miembros: Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria. Los otros lugares quedaron sin cubrir porque el Ejecutivo nunca envió pliegos.
Si bien todos los espacios políticos coinciden en que la Corte no puede seguir funcionando con esa integración mínima, también admiten que el proceso formal para cubrir una vacante es extenso, complejo y requiere consensos amplios. Por eso, los bloques opositores aceptaron postergar la discusión para el año próximo, pero exigen un compromiso firme del Gobierno para activar el mecanismo en 2026.

La UCR, por su parte, ya tiene candidatos en carpeta. El nombre de Marina Sánchez Herrero, académica, futura vicedecana de Derecho en la UNMdP y funcionaria con trayectoria en el Consejo de la Magistratura, vuelve a sonar con fuerza. También el de Miguel Berri, decano de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, aparece como alternativa dentro del radicalismo.
En el peronismo, especialmente en los sectores referenciados en Cristina Kirchner y Sergio Massa, reconocen que tarde o temprano el tema deberá resolverse. Recuerdan, incluso, que la exgobernadora María Eugenia Vidal logró designar a un ministro de la Corte y modificar la Procuración en apenas cuatro años, mientras que Kicillof ya acumula seis sin cubrir vacantes.
Asimismo, queda pendiente la designación del Subprocurador o Subprocuradora, otro sillón que la oposición quiere discutir. El cargo tiene un peso clave en la estructura judicial provincial y forma parte del paquete de reclamos que ya se pusieron sobre la mesa en el tira y afloje presupuestario.

Mientras tanto, la negociación continúa en múltiples frentes y con tiempos ajustados. Kicillof necesita los votos para aprobar el Presupuesto y el endeudamiento, y la oposición sabe que este es el momento para ejercer presión. La discusión ya no es solo sobre números, sino sobre poder: quién lo tiene, quién lo mantiene y quién está dispuesto a cederlo para cerrar un acuerdo político que definirá buena parte del mapa bonaerense en 2026.