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Mientras se encuentra en curso el juicio por la causa judicial conocida como "los cuadernos de la corrupción" sigue en curso, el gobierno del intendente Gustavo Barrera en Villa Gesell aparece vinculado a las investigaciones por una contratación a la empresa Fontana Nicastro S.A., adjudicataria en septiembre de 2015 de la Obra de Ampliación y Repotenciación del Sistema Eléctrico.
Esta investigación federal, iniciada en 2018, examina presuntos actos de corrupción sistemática durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), involucrando pagos ilícitos a funcionarios a cambio de beneficios en la adjudicación y ejecución de obras públicas.
Fuentes judiciales y documentos oficiales consultados indican que la compañía formaba parte de un esquema de cartelización en el sector de la obra pública vial, donde se exigían contribuciones ilegales para agilizar pagos y certificados de obra a través de intermediarios como Ernesto Clarens, financista vinculado al kirchnerismo.
Pablo José Gutiérrez, presidente de Fontana Nicastro S.A., se encuentra procesado en esta causa por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y cohecho activo (bribery activo), reiterado en diez hechos —cinco como autor y cinco como coautor—.
Según la imputación, Gutiérrez habría intervenido en la entrega de sumas de dinero a Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios nacionales, utilizando a Clarens como intermediario, con el objetivo de obtener ventajas en contratos de Vialidad Nacional, tales como mejoras en la periodicidad de pagos y aprobaciones de certificados.
Gutiérrez ha negado haber realizado pagos, aunque admitió haber visto una planilla con montos solicitados, argumentando que era imposible cumplir en ese momento. El embargo patrimonial dispuesto sobre sus bienes asciende a 1.200 millones de pesos, aunque en resoluciones parciales se menciona un ajuste a 30 millones en contextos específicos del procesamiento.
El juicio oral por la causa principal está programado para avanzar, con más de 100 imputados, incluyendo exfuncionarios y empresarios, basándose en las anotaciones del chofer Oscar Centeno que detallan recaudaciones de sobornos entre 2005 y 2015.
Adicionalmente, fuentes judiciales sugieren que esta línea investigativa podría intersectarse con otra causa por presunta administración fraudulenta en la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Administración Pública Nº 4, a cargo del fiscal Pérez en la Ciudad de Dolores (Provincia de Buenos Aires).
Esta pesquisa examina irregularidades en el manejo de fondos para la obra de repotenciación energética en Villa Gesell, comprometiendo a exfuncionarios y funcionarios actuales de la administración municipal.
La obra, adjudicada a la UTE conformada por Fontana Nicastro S.A.C. y Alto Sur S.A. como único oferente en mayo de 2015 por un monto inicial que permitió un ahorro de 50 millones de pesos al Estado nacional, fue rescindida en 2020 por el intendente Barrera debido a inconclusiones y demoras, según reportes locales.
De esta manera, el gobierno de Barrera enfrenta una nueva controversia que involucra a un universo de funcionarios y dirigentes que aún siguen bajo investigación, por lo que esta polémica promete entregar mas capítulos.
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