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La crisis económica y financiera golpea con fuerza a los municipios bonaerenses, que transitan el cierre del año con una creciente preocupación por su capacidad de afrontar el pago de salarios y aguinaldos. La combinación de recesión, caída de la recaudación propia y el desplome de los fondos que llegan desde la Provincia generó un escenario límite que ya dejó a varias comunas con sus cuentas en rojo.
El detonante principal es la abultada deuda que Nación mantiene con la provincia de Buenos Aires, superior a los 12 billones de pesos, lo que repercute directamente en la merma de los recursos de coparticipación. A esto se suman la baja actividad económica, el aumento de la morosidad en el pago de tasas y una demanda social en alza que tensiona aún más las arcas municipales.
En ese marco, al menos seis de los 135 municipios ya declararon la emergencia económica, financiera y administrativa. Azul fue el primero en hacerlo y volvió a prorrogar la medida este año. Allí se congelaron salarios, se recortaron haberes de funcionarios un 15%, se suspendieron viáticos y se restringieron compras y contrataciones. Pese a los esfuerzos, el distrito arrastra un déficit superior a los $3.000 millones.
Villa Gesell siguió el mismo camino en abril, cuando el intendente Gustavo Barrera decretó la emergencia en medio de lo que definió como “asfixia económica del Gobierno nacional”. En 9 de Julio, la jefa comunal María José Gentile tomó la misma decisión en julio, agravada por los daños de las inundaciones. Guaminí, Tapalqué y General Guido también activaron medidas extraordinarias como congelamiento de horas extras, recortes del 10% en salarios políticos y revisión estricta de gastos corrientes.
Otros municipios, aunque no declararon formalmente la emergencia, atraviesan situaciones igualmente críticas. En Rauch se registran déficits operativos persistentes, mientras que en General Madariaga el intendente Carlos Esteban Santoro avanzó en recortes salariales y en la reducción de partidas no esenciales. Saavedra-Pigüé aplicó una rebaja del 13% a trabajadores y funcionarios, y Adolfo Alsina debió autorizar un descubierto bancario de más de $1.000 millones para garantizar los salarios.
En Ramallo, el intendente Mauro Poletti pidió una prórroga para presentar el presupuesto en medio de fuertes dificultades financieras, agravadas por la deuda millonaria que mantiene Ternium Siderar tras judicializar la Tasa de Seguridad e Higiene. Olavarría también está en alerta por la fuerte caída del sector de la construcción, que afectó de lleno la recaudación del Impuesto a la Piedra, una de sus principales fuentes de ingresos.
El panorama fiscal es tan crítico que la Provincia incluyó una declaración de emergencia económica hasta 2026 en el proyecto de Presupuesto que envió a la Legislatura y presiona para aprobar un endeudamiento por USD 3.035 millones. De ese total, un 8% estaría destinado a un fondo de asistencia municipal, clave para sostener el cierre del año.
En paralelo, el Foro de Intendentes Radicales mantuvo esta semana una reunión con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para reclamar el pago de deudas que la Provincia mantiene con los municipios. Exigieron la cancelación de fondos previsionales del IPS, reintegros del IOMA y recursos adeudados por los Juegos Bonaerenses, entre otros compromisos pendientes.
“Muchos distritos están en extrema fragilidad y necesitan que la Provincia cumpla con lo prometido”, advirtió el presidente del Foro, Maximiliano Suescun. Además, los intendentes plantearon alternativas como anticipos de coparticipación y mecanismos extraordinarios de financiamiento para evitar atrasos en los sueldos de diciembre.
Con un mapa municipal cada vez más teñido de rojo, el cierre del 2025 se perfila como uno de los más complejos de los últimos años. Entre la deuda nacional impaga, la recesión y la presión social, los intendentes ya no buscan soluciones estructurales: hoy su urgencia es poder pagar sueldos, aguinaldos y sostener los servicios básicos.
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