Pasó la temporada electoral y en la provincia de Buenos Aires ya se prepara una nueva batalla política: la del Presupuesto 2026. El gobernador Axel Kicillof planea enviar la Ley de Leyes a la Legislatura bonaerense la próxima semana, en lo que promete ser una discusión intensa con la oposición y con algunos sectores propios. La jugada llega después de un año marcado por la falta de consensos que obligó al mandatario a prorrogar el presupuesto 2024 y por ende, el de este año.
El último intento de aprobar la norma, a fines del año pasado, terminó en frustración. Dos sesiones cayeron por falta de quórum y por tensiones dentro del propio peronismo bonaerense. En aquellos debates, los interlocutores del Gobernador chocaron con las autoridades de ambas cámaras y con los bloques opositores, que exigieron incluir una serie de medidas y fondos específicos para acompañar el proyecto. Como nada de eso ocurrió, el Presupuesto quedó en el limbo.
Entre los pedidos más insistentes figuraron los de intendentes del Conurbano, que reclamaron al Ejecutivo partidas para reforzar la seguridad en los municipios. “Sin fondos, no hay apoyo”, fue la frase que sobrevoló en los pasillos legislativos. Ante la imposibilidad de sellar un acuerdo político amplio, Kicillof debió recurrir a la prórroga del presupuesto anterior, una situación que el oficialismo busca revertir antes de fin de año.
Según trascendió en las últimas horas, desde el entorno del Gobernador trabajan contra reloj para presentar el Presupuesto el próximo lunes. Sin embargo, algunos ministros le habrían sugerido postergar la presentación hasta el miércoles, con el objetivo de afinar los números y ajustar los artículos relacionados con el endeudamiento, uno de los temas más sensibles del debate.
El endeudamiento bonaerense será, justamente, el gran punto de fricción. Kicillof necesita esa herramienta para cubrir vencimientos de deuda heredados y garantizar el funcionamiento financiero del año próximo. Pero la oposición ya avisó que no acompañará el paquete si no se trata en conjunto con la Ley Fiscal Impositiva y con un fondo de libre disponibilidad para los municipios. Los radicales y el PRO, sobre todo, quieren garantizar recursos flexibles para los 135 distritos bonaerenses.
Además de los aspectos económicos, hay un capítulo político que promete condicionar la discusión: los cargos vacantes en organismos clave. En la negociación entran puestos en la Suprema Corte bonaerense, el Banco Provincia, el Grupo Bapro, el Tribunal Fiscal de Apelaciones, la Contaduría General y hasta el Consejo General de Cultura y Educación. La oposición quiere que esos lugares se repartan antes de aprobar cualquier endeudamiento.

En ese marco, los bloques de UCR-Cambio Federal y PRO ya adelantaron que sus prioridades están claras: avanzar con la renovación de la Corte y completar el directorio del Banco Provincia. “Primero los acuerdos institucionales, después la deuda”, repiten cerca de Maximiliano Abad. El oficialismo provincial, por su parte, intenta ganar tiempo y sostener la narrativa de que el Presupuesto es una herramienta “para cuidar a los bonaerenses”, aunque sabe que no podrá avanzar sin abrir la mesa de negociación.
Con la rosca legislativa encendida y los números ajustados, el Gobierno bonaerense se prepara para una pulseada política que marcará el cierre del año. Kicillof busca mostrarse firme y dialoguista a la vez, pero enfrenta el desafío de negociar con una oposición que ya aprendió a medir su poder de fuego. En la Provincia, se viene una disputa de alto voltaje donde cada voto (y cada sillón) puede valer oro.