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La intendencia del municipio bonaerense de Villa Gesell, a cargo de Gustavo Barrera, está en el ojo de la tormenta otra vez y es que la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, elevó un estudio al fiscal interviniente en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos del municipio geselino.
El expediente, fechado el 1 de agosto de 2025, analiza las declaraciones del secretario de Hacienda, Víctor Ciriaco, la tesorera municipal, Silvia Jorge, y del exsecretario de Hacienda, Jonathan Tranon, todos involucrados en maniobras administrativas vinculadas al uso de fondos destinados a obras públicas entre 2015 y 2016.
Según la investigación, los funcionarios habrían aplicado parte de esos fondos a plazos fijos con fines distintos a los previstos originalmente, sin reintegrar los intereses generados, lo que podría configurar una malversación de caudales públicos.
También se detectaron pagos sin respaldo documental y movimientos de cuentas fuera de los criterios establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El informe señala que en los expedientes aparecen firmas y autorizaciones vinculadas a Jonathan Tranon , en ese momento responsable político del área de Gobierno, quien habría avalado parte de las órdenes de pago y la tramitación de expedientes observados por los auditores.
El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) ya había advertido sobre estas maniobras en revisiones anteriores, al detectar irregularidades en la imputación de intereses y la utilización de recursos afectados a obras.
En sus descargos, Ciriaco, Jorge y Ugalde sostuvieron que actuaron conforme a las normas administrativas vigentes y que no existió perjuicio patrimonial para el Municipio.
No obstante, el informe judicial concluye que las explicaciones presentadas no alcanzan para eximirlos de las responsabilidades penales que se les imputan.
La investigación, que promete dar más novedades en los siguientes días, seguirá su curso bajo la órbita de la Procuración General bonaerense, en el marco de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos.
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