domingo, 28 de septiembre de 2025 - Edición Nº3286
Cronos Noticias » Provincia » 6 ago 2025 17:00

Inteligencia ilegal

Kicillof denunció a la SIDE por presunto espionaje e inteligencia a dirigentes peronistas

El gobernador bonaerense presentó una denuncia penal contra la agencia de inteligencia Nacional, encargada por un hombre cercano a Santiago Caputo.


  • Kicillof denunció a la SIDE por presunto espionaje e inteligencia a dirigentes peronistas

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Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N°1 contra la SIDE, actualmente dirigida por Sergio Neiffert, mano derecha de Santiago Caputo. La misma fue efectuada por el mandatario bonaerense por presunto espionaje ilegal a figuras opositoras, sindicalistas y periodistas críticos del gobierno de Javier Milei.

La acusación tomó impulso tras una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, quien reveló que el organismo de inteligencia habría confeccionado informes secretos sobre referentes opositores y funcionarios, violando la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe tareas por motivos políticos o ideológicos.

Kicillof exigió que se avance con la investigación judicial para determinar quiénes fueron los responsables y bajo qué figuras penales se encuadran los hechos. Pidió también que se tomen medidas probatorias urgentes para esclarecer el alcance real del presunto operativo de espionaje.

En el escrito judicial, el mandatario bonaerense solicitó la instrucción formal de la causa y la identificación de quienes habrían estado involucrados en estas maniobras ilegales, atribuidas directamente a la actual conducción de la SIDE bajo la gestión libertaria.

No es la primera vez que el organismo está en la mira: en junio, el CELS también denunció a Neiffert y a Diego Kravetz, director general de Operaciones, por haber impulsado tareas de inteligencia interna incluidas en el controvertido Plan de Inteligencia Nacional (PIN).

Según esa denuncia, el PIN permitiría monitorear a organizaciones sociales y actores no estatales, bajo el argumento de contener la polarización política. Sin embargo, esas prácticas están expresamente prohibidas por la ley, abriendo un nuevo frente judicial para el Gobierno nacional.

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