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En medio de una fuerte crisis hídrica que golpea al sector rural, la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile (PRO), se presentó ante la Gobernación bonaerense para pedir la prórroga de la emergencia agropecuaria. Acompañada por entidades locales, busca que la medida se mantenga hasta marzo de 2026.
La intendenta viene de sumarse a la alianza “Somos Buenos Aires”, alternativa opositora disidente a La Libertad Avanza. Con el acuerdo entre los libertarios y el PRO, varios referentes del partido amarillo quedaron fuera de la fórmula, entre ellos la intendenta Gentile.
La iniciativa fue respaldada por concejales, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio e Industria, el INTA, SENASA y el Círculo de Ingenieros Agrónomos. Según detallaron, el acuerdo fue unánime y se plasmó en un documento que ya fue elevado al Ministerio de Desarrollo Agrario, encabezado por Javier Rodríguez.
El pedido formal contempla la extensión de la emergencia y/o desastre agropecuario para todo el Partido de 9 de Julio, desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. La intención es que los productores puedan acceder a beneficios fiscales y asistencia técnica mientras dure la situación.
Desde la Sociedad Rural advirtieron que la sequía dejó caminos intransitables, lo que impide avanzar con la cosecha gruesa. En especial, alertaron que la recolección de girasol está en riesgo por la falta de infraestructura básica, algo que se viene repitiendo en los últimos años.
Hugo Enríquez, titular de la Sociedad Rural local, fue categórico: “El municipio no tiene máquinas suficientes para atender la situación. Hay canales y alcantarillas tapadas, caminos destruidos, y todo esto refleja la falta de planificación estatal que venimos reclamando desde hace tiempo”.
La gestión de Gentile apunta a que la provincia reconozca la gravedad del panorama y actúe en consecuencia. Mientras tanto, el sector agropecuario sigue trabajando a pérdida y con escasa ayuda concreta, en un contexto donde el clima y la falta de recursos juegan en contra.
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