En Trenque Lauquen, el intendente radical Francisco Recoulat quedó en el centro de una tormenta política. La oposición local lo acusa de haber armado una red de contratos truchos que benefician a familiares y allegados de su gestión. La denuncia fue impulsada por el peronismo local.
Leticia Badino, presidenta del bloque de concejales peronistas, fue quien destapó la olla al, según la edil, detectar irregularidades en documentos oficiales. Según detalló, hay nombres falsos, domicilios inexistentes y hasta documentos duplicados en los contratos firmados entre junio y octubre del año pasado, justo antes de las elecciones.
Uno de los casos más llamativos es el de María Emilia Álvarez, exempleada municipal, que habría cobrado $12 millones de un contrato nacional con el Ministerio de Capital Humano, a pesar de que no habría trabajado nunca allí. La situación levantó sospechas sobre el uso real de esos fondos públicos.

Además del millonario contrato, Álvarez también figura como beneficiaria de dos subsidios personales y otro más a nombre de su madre. Para Badino, esto no es casual: acusa a Recoulat de utilizar ayudas sociales como pantalla para repartir beneficios entre los suyos sin controles claros ni justificación.
La edil peronista sostiene que estas maniobras muestran una matriz de discrecionalidad en la gestión de Recoulat. En su denuncia, remarcó que no se trata de cuestionar a quienes reciben asistencia, sino de exigir transparencia en cómo se manejan los fondos públicos y quién toma las decisiones.
Ante el escándalo, Badino propuso la creación de una Comisión Anticorrupción en el Concejo Deliberante y pidió una auditoría a fondo de todos los subsidios entregados. Mientras tanto, desde el oficialismo evitan declaraciones, en medio de un clima cada vez más tenso en la política local.