Carlos Puglelli, diputado bonaerense de Unión por la Patria, presentó un proyecto de Ley para regular la actividad comercial de los influencers en el marco de las publicidades que estos difunden en sus plataformas. Con la llegada de las nuevas tecnologías, desde la Legislatura plantean nuevas herramientas de regulación comercial sobre la publicidad en redes.
En dicho proyecto, el legislador define al influencer como una “persona física o jurídica que tiene la capacidad de generar opinión, tendencias o comportamientos a través de plataformas digitales o redes sociales, mediante la creación de contenido y la promoción de productos, servicios o ideas”.
En esa línea, las características de la Ley establecen: “A los efectos de esta ley se considera influencer a toda persona física o jurídica que tenga la capacidad de generar opinión, tendencias o comportamientos a través de plataformas digitales o redes sociales, mediante la creación de contenido, la promoción de productos, servicios, y tenga más de 10.000 seguidores”.

Por otra parte, entre las responsabilidades que se les atribuye a los influencers, el proyecto establece:
- Identificar claramente cualquier contenido publicitario mediante etiquetas visibles, como "#ad", "#publicidad", "#patrocinado", o cualquier otro medio equivalente, de manera que no haya dudas sobre la naturaleza comercial del mensaje.
- No promocionar productos o servicios que no haya probado personalmente o que no sean adecuados para su audiencia, en aras de mantener la transparencia y la integridad de la información.
Asimismo, entre las responsabilidades respecto a los mensajes difundidos, el proyecto afirma que se debe:
- Verificar la veracidad de la información que promocionan, y abstenerse de difundir contenido falso, engañoso o que pueda inducir a error”.
- No difundir contenido que contravenga las normas éticas, las leyes de protección del consumidor, ni que incite a prácticas nocivas o peligrosas.
- No promover productos o servicios que sean peligrosos para la salud, la seguridad o que infrinjan normas legales nacionales e internacionales.