Javier Alonso, ministro de Seguridad e la provincia de Buenos Aires volvió a referirse al proyecto que impulsa el Gobierno bonaerense y busca prohibir la circulación de dos personas en una moto en determinadas áreas de la provincia de Buenos Aires, y además habló sobre las dificultades en torno a la delincuencia juvenil.
“No se trata de complicar la vida de los ciudadanos de a pie, sino de prevenir el delito”, afirmó el titular de la cartera de Seguridad, tras explicar que la normativa habilitará a los municipios bonaerenses a definir las zonas y horarios de aplicación basándose en los mapas del delito.
En ese sentido, desde el Ministerio de Seguridad anunciaron días atrás la posible implementación de restricciones a la circulación de dos personas en una moto, con el objetivo de prevenir los delitos cometidos por motochorros, lo que encendió las alarmas de las app de transporte.
Según precisó Alonso, no se trataría de una disposición general, sino de una herramienta a disposición de los municipios. “Esta nueva restricción se basa en la Ley N° 15.143, sancionada en 2019, que ya establece requisitos como el uso de patente visible en casco y chaleco reflectante para conductores, y chaleco con dominio para acompañantes”, detalló.

En efecto, la ley vigente permite a los municipios determinar zonas de aplicación obligatoria de estas medidas y faculta a las autoridades a secuestrar motos por incumplimiento, con la posibilidad de compactación o donación del vehículo si no se acredita la titularidad en 60 días.
Vale aclarar que, aunque el proyecto está pensado para el Conurbano bonaerense, la restricción podría extenderse a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, que comanda Axel Kicillof, en caso de que la medida avance.

En otro momento de la entrevista radial, el funcionario volvió a defender la baja del delito en el territorio bonaerense. Algo que viene realizando con regularidad, luego de las amenazas de intervenir la provincia del presidente Javier Milei, tras el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años arrastrada 15 km en la ciudad de La Plata por delincuentes.
En ese sentido, Alonso compartió estadísticas sobre delincuencia relacionada con el uso de motos: durante operativos recientes, alrededor de 455,000 motos fueron inspeccionadas, resultando en la incautación de más de 12.000 motos por delitos y 32.700 por infracciones de tránsito.
Además, en el esfuerzo por mejorar la seguridad, el funcionario también destacó la confiscación de aproximadamente 2.300 armas de fuego y 225 armas blancas, lo que subraya la magnitud del desafío que enfrentan.
Asimismo, al ser cuestionado sobre otras medidas de seguridad, Alonso explicó que la provincia emprendió una mejora sustancial en la dotación policial. “Hemos incorporado 750 patrulleros y se han destinado $70 mil millones para adquirir más patrulleros en el conurbano”, aseguró.
Alonso y la problemática de la delincuencia juvenil
Posteriormente, Alonso expuso las dificultades que enfrenta su cartera para abordar la delincuencia juvenil y subrayó la necesidad de implementar un sistema de seguimiento y control temprano de los menores que incursan en conductas delictivas.
“Lo que fracasa es el Estado desde que toma conciencia de que ese menor está en un camino equivocado y hay que actuar antes de que mate o cometa un delito grave”, explicó el funcionario provincial.
En esa línea, Alonso profundizó sobre la importancia de un sistema de justicia que funcione en cooperación con los servicios locales de niñez y las fuerzas de seguridad, destacando que el seguimiento y control de menores infractores es parte de una estrategia integral diseñada para evitar que sigan un camino hacia la criminalidad.

Sin embargo, Alonso expresó su rechazó al proyecto que impulsa la administración nacional sobre la baja de edad de imputabilidad. “Discutir la edad de imputabilidad es mirar por el ojo de la cerradura”, amplió sugiriendo que la problemática requiere un planteamiento más profundo.
Vale recordar que, el Ejecutivo nacional envió al Congreso nacional un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.
“En los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad, con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, alegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Con esto, el ministro Alonso puntualizó que las medidas preventivas engloban, no solo la detención, sino que también la intervención terapéutica con el objetivo de abordar problemas subyacentes como el consumo de sustancias y el entorno familiar disfuncional.