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El sector del iGaming en Argentina se caracteriza por un escenario fragmentado y complejo. A diferencia de otros países que cuentan con una legislación nacional unificada, en Argentina la regulación del juego en línea depende de cada provincia.
Esto promueve un escenario en el que algunas regiones han avanzado en la legalización y control del iGaming, y otras todavía lo prohíben por completo. Es una disparidad normativa que genera a su vez, tanto oportunidades como desafíos para operadores y jugadores, que deben navegar en un entramado de reglas distintas según la jurisdicción donde se encuentran.
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue pionera en el desarrollo de un marco legal sólido y moderno para el juego en línea. La Lotería de la Ciudad (LOTBA) es la autoridad encargada de emitir licencias, supervisar las operaciones y asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad. En la actualidad, varias casas de apuestas internacionales operan legalmente en esta jurisdicción tras haber cumplido con los requisitos locales.
Por su parte, la Provincia de Buenos Aires (de la cual CABA hace parte) también ha regulado el juego online a través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Si bien el modelo es similar al de CABA, existen diferencias en los criterios de licenciamiento y control. La provincia exige que los operadores tengan alianzas con empresas locales y cumplan con normativas específicas en materia de prevención del juego problemático y protección de datos.
En contraste, otras provincias como Córdoba han sido más conservadoras. Aunque recientemente se aprobó una ley para permitir el juego en línea, la implementación del sistema está en una etapa inicial. Mientras tanto, provincias como Mendoza y Corrientes ya cuentan con marcos regulatorios en funcionamiento, aunque menos sofisticados que los de Buenos Aires y CABA. La falta de una legislación federal unificada hace que el acceso al iGaming legal varíe notablemente de una región a otra.
Las provincias que han legalizado el juego en línea imponen restricciones a los mensajes publicitarios para evitar prácticas engañosas y proteger a los consumidores.
Por ejemplo, en Buenos Aires, tanto en la ciudad como en la provincia, las campañas deben incluir advertencias sobre los riesgos del juego y promover el uso responsible de las diferentes plataformas.
Además, se prohíbe la publicidad dirigida a menores de edad y se exige que los anuncios sean claros respecto a las probabilidades de ganar.
El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones económicas, la suspensión de licencias o el bloqueo de sitios web. En un país donde la frontera entre lo legal y lo ilegal puede ser difusa, debido a la fragmentación normativa, el marco reglamentario de la publicidad es una herramienta clave para fomentar un entorno de juego seguro.
Los operadores que desean ofrecer servicios de iGaming en Argentina deben enfrentar un desafío importante: cumplir con las leyes particulares de cada provincia en la que deseen operar. Esto significa que no existe una licencia única para todo el país. Por el contrario, cada jurisdicción exige un proceso independiente de licenciamiento, con requisitos específicos que van desde la verificación de antecedentes hasta la infraestructura tecnológica empleada.
En CABA y la Provincia de Buenos Aires, los organismos reguladores exigen a los operadores demostrar solvencia económica, implementar herramientas para prevenir el lavado de dinero y garantizar medidas de juego responsable. En otras provincias, aunque las exigencias pueden ser menos rigurosas, los operadores igual deben obtener permisos locales y someterse a auditorías periódicas.
Esto ha provocado que muchas empresas opten por operar solo en aquellas regiones donde ya cuentan con licencias, limitando su alcance a nivel nacional. A su vez, ha generado un mercado dispar, donde los usuarios deben informarse adecuadamente antes de registrarse en una plataforma para asegurarse de que cumple con las normativas locales.
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