sábado, 24 de mayo de 2025 - Edición Nº3159
Cronos Noticias » Municipios » 18 mar 2025 09:28

En problemas

Garro fue imputado por corrupción y asociación ilícita durante su gestión en La Plata

El exintendente del PRO está siendo investigado por incumplimiento de los deberes en su labor como funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En esa línea, habría autorizado el desarrollo urbanístico en zonas no permitidas y con supuestos sobreprecios.


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En las últimas horas, el nombre de Julio Garro volvió a ser noticia meses después de su salida del gobierno de Javier Milei. El exintendente de La Plata habría sido allanado en su domicilio de City Bell por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada a la autorización ilegal de 400 barrios privados.

La investigación en su contra también conlleva cargos por incumplimiento de los deberes en su labor como funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

PBA

En ese sentido, el ex jefe comunal está siendo investigado por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16 de la capital provincial, a partir de la denuncia presentada por la Municipalidad de La Plata, a cargo del kicillofista Julio Alak.

Asimismo, fueron imputadas otras siete personas y son investigadas cuatro empresas, bajo la supuesta complicidad de funcionarios de alto rango y entidades privadas en el desarrollo inmobiliario irregular en la periferia de la capital bonaerense.

Entre los domicilios allanados están las sedes de las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A., las cuales habrían tenido una función preponderante en la aprobación irregular de los proyectos urbanísticos.

PBA

Según la investigación, se halló un esquema en el que se solicitaba a los desarrolladores la contratación de una empresa constructora, presuntamente propiedad de funcionarios de la gestión de Garro, para la urbanización de los barrios. Además, desde el municipio le habrían pedido a los desarrolladores un porcentaje de las tierras a cambio de la autorización.

En ese marco, el perjuicio económico producido por estas maniobras trepa a aproximadamente 700.000 millones de pesos, con un volumen total de operaciones inmobiliarias estipulado en 1.500 millones de dólares. Por su parte, entre las pruebas recolectadas, se encuentran documentos manipulados en expedientes municipales, sobreprecios en obras públicas y desvíos de fondos en acuerdos urbanísticos.

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