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El gobierno de María Eugenia Vidal envió un proyecto al Senado bonaerense que busca modificar el régimen penal juvenil de la Provincia.
El proyecto enviado por la gobernadora busca cambiar 15 artículos de la ley Nº 13.634 (18, 22, 27, 28, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 63 y 64), y “tienen como objetivo unificar las competencias de los Juzgados de Garantías del Joven con las de los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil”.
De esta manera, de aprobarse la iniciativa que surge del Ministerio de Justicia bonaerense, “todos los juzgados penales de Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil podrán intervenir tanto en la etapa de investigación como en el eventual juzgamiento”.
A su vez, en el proyecto se establece que “a los fines de salvaguardar garantías constitucionales, en especial en el marco de un sistema procesal acusatorio, en ningún caso el Juez de Responsabilidad Penal Juvenil que intervenga en la etapa de instrucción, podrá luego estar a cargo del juzgamiento, ni siquiera como miembro del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil”.
El proyecto surge de las estadísticas de la Mesa del Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires, desarrollada en el Ministerio de Justicia, con participación de la misma, de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuración General y de los Colegios de Abogados y Magistrados de la Provincia de Buenos Aires.
Según señala la iniciativa, “en el Departamento Judicial Bahía Blanca, durante el año 2015, tramitaron ante los Juzgados de Garantías del Joven 655 causas, mientras que en los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil 289 causas”. Estadísticas similares se registraron en ciudades bonaerenses como Lomas de Zamora y Mar del Plata.
“Al igualar la competencia de todos los juzgados penales del fuero del menor, el número de causas por dependencia en la etapa preliminar se vería reducido, redundando en una mejora en la administración de justicia”, argumenta el proyecto.
Desde el Ejecutivo bonaerense aseguran que las modificaciones propuestas “permitirán avanzar en la protección del interés superior de los menores, en concordancia con la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”.
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