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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentará mañana el décimo primer informe anual, titulado “El sistema de crueldad, sobre lugares de encierro y políticas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires.
La presentación tendrá lugar a las 18 horas en el Anexo del Senado bonaerense, ubicado en avenida 7 esquina 49, de la ciudad de La Plata. El panel estará integrado por los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, el secretario Roberto Cipriano García, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante del organismo Nora Cortiñas y Cristina Gramajo, madre de uno de los jóvenes muertos en la Masacre de Pergamino. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general Sandra Raggio.
Mediante un comunicado, la CPM cuestionó duramente la gestión bonaerense: “En la Provincia, desde el inicio de su gestión, el gobierno actual reconoció la crisis del sistema penal pero, más allá de las declaraciones públicas, la única respuesta fue sostener las emergencias en seguridad y penitenciaria que, lejos de ser una solución, han demostrado ser parte del problema. Mientras tanto, el aumento de la población carcelaria se profundiza, la práctica sistemática de la tortura se extiende y el hacinamiento y la sobrepoblación siguen siendo las principales características del sistema de encierro más grande del país. Todo esto como contra cara de una política de seguridad que continúa anclada en la lógica de la saturación territorial y la ampliación de facultades para las fuerzas de seguridad”.
Por otro lado, desde el organismo también hicieron referencia a la desaparición de Santiago Maldonado: “Es la expresión más dramática de las orientaciones de la política criminal y de seguridad que ha definido la gestión de Cambiemos: tiene un claro sesgo regresivo y de mano dura en el modo de intervención del Estado en los diversos conflictos sociales y políticos.
En la misma línea, manifestaron que las “violaciones de derechos humanos tuvo su máxima expresión en la Masacre de Pergamino del 2 de marzo de 2017 con la muerte de siete jóvenes alojados en la comisaría 1”.
El décimo primer informe anual expone los datos relevados durante el 2016 por la CPM en su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro y políticas de seguridad. “La tasa de encarcelamiento, las denuncias de torturas, las prácticas ilegales y arbitrarias de las policías en su despliegue territorial, la extrema vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el uso letal de la fuerza pública vuelven a constatar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y el colapso del sistema penal, y exigen reformas estructurales de manera urgente”, indican en el comunicado.
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