La CPM denunció violaciones de DD.HH en instituto de menores y exigen apartar al Servicio Penitenciario

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció nuevamente violaciones a los Derechos Humanos en el centro cerrado de Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde se alojan jóvenes mayores de 18 años condenados por delitos cometidos siendo menores de edad.

Luego de realizar una nueva inspeccion en el complejo, la CPM solicitó la “intervención urgente” del Organismo Provincial de la Niñez “a los fines de garantizar y proteger los derechos de los jóvenes”. A su vez, pidieron “apartar al Servicio Penitenciario Bonaerense de este ámbito”.

Según relataron en un comunicado de prensa, el conflicto comenzó en 2014 cuando se firmpo un convenio que transformaba la mkitad del centro cerrado en una aladía del Ministerio de Justicia, lo que llevó al Servicio Penitenciario provincial a hacerce cargo de la seguridad perimetral. En ese momento, la CPM denunció que “el proceso de carcelización de estos espacios aumentaria las violaciones a los Derechos Humanos y dejaría a los jóvenes en una situación de mayor desprotección”.

“Esta carcelización se tradujo en prácticas de aislamiento permanente, torturas físicas y psicológicas, tercerización de la violencia en los jóvenes y régimenes de vida alejados del fin reeducador de la pena. Prácticas propias de las cárceles de adultos, en las cuales la gobernabilidad penitenciaria se ejerce a través de la administración del castigo y la sumisión permanente de las personas”, remarcaron desde el organismo.

Las reiteradas denuncias fueron realizadas ante la Justicia, que solicitó diversas pericias pero, según informaron desde la CPM, “el Organismo de Niñez nunca respondió los requerimientos judiciales ni concurrió a las audiencias fijadas, demostrando una indolencia y desinterés que atentan contra los principios republicanos de gobierno. Mientras tanto, las condiciones de encierro se agravaron”.

Y añadieron: “La persistencia de estas graves violaciones de derechos humanos, pese a las reiteradas denuncias y presentaciones, dan cuenta de la falta de decisión institucional de revertir la situación. La ausencia de decisiones políticas claras y un programa integral de trabajo para el lugar complejiza y dificulta su funcionamiento; los roles de los empleados del Órgano de Niñez y los funcionarios penitenciarios se desdibujan provocando tensiones y desacuerdos institucionales —intencionales o no— que recaen sobre los jóvenes detenidos”.