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La Cámara de Diputados del Congreso de la Nación aprobó en general la nueva Ley Ómnibus impulsada por Javier Milei, para dar paso al debate por los puntos en particular. En ese aspecto, la votación legislativa determinó que la Ley de Bases modificada aprobaría los siguientes puntos principales:
Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.
A último momento, el Ejecutivo eliminó el Banco Nación del listado, el cual generaba amplio rechazo. Quedan sujetas a privatización total Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.
Sujetas a privatización o concesión quedaron AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. La Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) solo pueden volverse mixtas, con control del Estado.
La Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas y la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones del Congreso deberá controlar el proceso.
Se deroga la moratoria previsional aprobada durante el Gobierno de Alberto Fernández, por la cual personas que no alcanzaban los años jubilatorios podían entrar a un esquema de pago y poder jubilarse. Pero a pedido de la UCR se crea la Prestación de Retiro Proporcional en el que las personas que no alcanzan a cumplir los 30 años de aporte, cuando lleguen a los 65 años -cuando empieza a cobrarse la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)- también cobren un proporcional por los años que aportaron.
El impuesto a las Ganancias empieza a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. Después de una ardua discusión -porque el oficialismo quería que la actualización sea anual- se fijó que en lo que queda del año el ajuste por inflación (IPC) será trimestral (en septiembre) y después cada seis meses.
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $ 68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.
Es para inversiones iguales o superiores a u$s200 millones. Obtienen beneficios fiscales, aduaneros y cambiario. Entre ellos, una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25% y la contabilización del 100% del Impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias.
Los cambios contemplan una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto y una disminución en las alícuotas. Según el proyecto, el mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones.
Hay un programa de pago adelantado de 5 años con una tasa reducida, que después habilita el "equilibrio fiscal", con el pago de un porcentaje muy bajo para el contribuyente hasta 2038.
Se incluyó un beneficio para el contribuyente cumplidor, de medio punto de alícuota.
El blanqueo permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15 % para montos superiores a US$ 100.000.
En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.
La moratoria permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.
El proyecto faculta al Ejecutivo a disponer la disolución total o parcial, fusión, escisión, modificación o transferencia de organismos de la administración central o descentralizada del estado. Pero a pedido de la oposición se escribió un listado con los órganos que el estado no va a "poder tocar".
No podrá disponer la disolución del CONICET; el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, el INCUCAI, el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Se faculta al Ejecutivo a poder intervenir por el plazo de un año, organismos descentralizados con exclusión de las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan; la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF) y las instituciones de la seguridad social.
Entre los puntos principales se extiende el periodo de prueba -actualmente de 3 meses- a seis meses. Con la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo puedan ampliar hasta 8 meses en los casos de empresas de 6 a 100 trabajadores.
Se eliminan las multas por trabajo no registrado. Esto se aplica si el empresario blanquea a aquellos trabajadores que tienen en negro. La medida apunta a incentivar el empleo registrado.
La creación de un fondo de cese laboral (tipo UOCRA) para las indemnizaciones. Será opcional por convenio colectivo. También se incluye la posibilidad de contratar un seguro.
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