Terreno en disputa: fuertes acusaciones entre la empresa Arcor y el Municipio de San Pedro

Días atrás, el Municipio de San Pedro, provincia de Buenos Aires, permitió a preadjudicatorios de 84 viviendas ingresar al predio otorgado, y les entregó las llaves de las casas conseguidas mediante sorteo, ante amenazas de usurpación. El problema es que dicho terreno pertenece a la empresa Arcor, desde donde acusan que el destino de las residencias no es el acordado.

Como emisario del Ejecutivo local, el secretario de Gobierno, Martín Baraybar, se reunió con ellos dentro del predio y en una improvisada asamblea les informó que para avanzar en la entrega de las viviendas restaba hablar con el Gobierno provincial.

Las 84 viviendas se encuentran atravesadas por un litigio tras el reclamo de la empresa Arcor, que sostiene que esas tierras fueron donadas para la relocalización de familias del Bajo Puerto y que el destino de esas viviendas no es el acordado.

Desde el Municipio sostienen que ese cargo con el que se donaron las tierras ya se cumplió y que por eso se tomó la decisión de hacer la preadjucación a través del mecanismo de sorteo.

Mientras se define quien tiene la razón, la Justicia dicto una medida cautelar que declaro invalido dicho sorteo. Por lo que la preadjudicación quedó temporalmente suspendida, mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Debido a esta serie de decisiones que tomo el gobierno local, Arcor se presentó en la Justicia penal para denunciar la comisión de una serie de delitos de acción pública por parte del Gobierno municipal, con el intendente Cecilio Salazar y los funcionarios actuantes a la cabeza como presuntos autores delictivos de la posesión de las 84 viviendas.

El abogado José Benito Aldazábal, en representación de la compañía multinacional, hizo la presentación ante la fiscal María del Valle Viviani para que en la causa, caratulada "averiguación de ilícito", se investiguen los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de bienes del Estado.

Arcor pidió a Viviani que caratule así la causa en trámite desde que los preadjudicatarios tomaron posesión de las viviendas y solicitó que tenga en cuenta la medida cautelar vigente en el fuero Contencioso Administrativo, que impedía al Gobierno de Salazar tomar cualquier medida respecto de las consecuencias del sorteo anulado.

De esta forma, la resolución del caso aún está en suspenso y resta saber la definición de la Justicia, y si habrá alguna pena para el Municipio de San Pedro en caso de que el fallo sea en su contra.