Desde Provincia le piden a la Justicia que anulen la suba de las tarifas de transporte

Luego de que el Gobierno Nacional autorizara un aumento del 250% en la tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), recientemente la senadora nacional por la Provincia, Juliana Di Tullio, y el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido M. Lorenzino, presentaron en la justicia un pedido de anulación del incremento por considerarlo “irrazonable e ilegal”.

El pedido de anulación fue presentado en el Juzgado Federal N°2 de La Plata en lo civil, comercial y contencioso administrativo. En la presentación se sostiene que la resolución “no guarda relación con los salarios” y que “impacta negativamente en otros derechos fundamentales, como el derecho a la circulación, al trabajo y a la educación”.

La medida, dispuesta por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación que entró en vigencia el pasado 6 de febrero, fijó un nuevo cuadro tarifario con aumentos del 251% para colectivos y de 247% para trenes.

“Es un aumento injusto que, en el contexto socioeconómico actual, perjudica a cinco millones de usuarios y usuarias que día a día se trasladan a sus trabajos y hogares”, destacaron Lorenzino y Di Tullio.

En ese sentido, explicaron: “Si buscamos una tarifa justa y razonable debe existir una determinación precisa de todas las variables, cuya transparencia encuentra fundamento en la información adecuada y veraz que exige nuestra Constitución nacional, lo que no sucedió en las audiencias públicas realizadas ya que no fueron suficientemente explicitados los componentes que influyen en los costos del servicio y la ganancia empresaria”.

“Ante cualquier aumento en las tarifas no se debe pensar exclusivamente en la rentabilidad de las empresas, sino que debe ir de la mano con la situación de los ingresos de los consumidores y consumidoras”, remarcaron.

Cabe destacar que el 24 de enero pasado, el juez Ernesto Kreplak otorgó una medida cautelar por un plazo de 5 días a partir del 1 de febrero (cuando finalizó la feria judicial) y conminó al Estado nacional a adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos de los usuarios readecuando un procedimiento de participación ciudadana en audiencia pública según lo establecido por Decreto 1172/2003.

Luego, el Estado nacional apeló esa medida sin plantear un nuevo formato para la audiencia y esperó el plazo que lo instaba a formular la nueva propuesta para darse por cumplido y formular el anuncio de aumento del transporte. Recordemos que, además de Di Tullio y Lorenzino, quien acudió a la Justicia en este mismo sentido fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.