Bullrich retoma un viejo proyecto de Santilli para combatir el narcotráfico en la Argentina

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, y Diego Santilli, diputado nacional del PRO, buscan avanzar en medidas de seguridad y por ello impulsan un proyecto de ley con el fin de frenar el financiamiento del narcotráfico en la Argentina.

Dicho proyecto fue planteado en un encuentro que mantuvieron el diputado y la ministra junto a Sebastián García de Luca, secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad nacional. Dicha reunión se encargó de repasar alternativas para combatir la inseguridad a lo largo y ancho del país.

Desde el entorno de las autoridades indican que la charla se extendió por más de una hora, debido a que la inseguridad es uno de los problemas que más afectan a los argentinos.

Dicho proyecto de ley fue impulsado por el diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en 2022 y contaría con el respaldo de la actual ministra de Seguridad, a la vez que Santilli apoya la propuesta de la titular de la cartera de seguridad de bajar la ley de imputabilidad a 14 años.

El proyecto de Santilli busca que el Poder Ejecutivo pueda congelar cuentas y bienes en paralelo a causas judiciales, de esa manera el objetivo radica en impedir el financiamiento a las bandas de narcos y que “sobrevivan distribuyendo el flujo de dinero con familiares, empresas fantasma o testaferros”.

Dicho proyecto establece: “Un conjunto de medidas administrativas dictadas por la autoridad competente tendiente a neutralizar la capacidad económico-financiera ilícita de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por su vínculo significativo con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes”.

La propuesta no apunta sólo a las grandes bandas, sino también a los “jugadores intermedios” de los barrios, ya que podrá ser sometida a una medida “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial del Ministerio Público Fiscal de la Nación que le impute o admita la formalización de una investigación por alguno de los delitos establecidos en la Ley 23.737”.

La iniciativa propone controlarlo por medio de un comité de análisis y fusión de información que estaría “conformado por los representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia y Seguridad y los organismos autónomos de la Administración Pública Nacional competentes que tengan atribuciones en el control de activos ilícitos”.

“La participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación debe estar garantizada a través de la firma de un convenio de cooperación con el Poder Ejecutivo”, concluye la propuesta de seguridad de Diego Santilli.