Kicillof analiza discutir una reforma constitucional y busca un cambio en el modelo de financiamiento político

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encuentra barajando la posibilidad de implementar un cambio en el financiamiento de la política con eje en la Legislatura. Lo que se espera, es que los fondos estén en cabeza de los partidos políticos y no de los legisladores. A su vez, el dirigente también analiza negociar con la oposición modificaciones en el entramado institucional para agilizar la administración.

Esta ideas surge tras el escándalo de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero que fue encontrado extrayendo dinero de 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura, y luego de aceptar debatir una reforma que impulsa la oposición, para hacerla unicameral.

Según pudo saber CRONOS, para el gobernador, una eventual reforma constitucional debería para incluir el punto clave del financiamiento, ya que cree que deberían ser los partidos los que manejen los fondos y que estos no lleguen directo a los legisladores, para mejorar la auditoría. Todo esto, más allá de lo que ya reciben por publicidad y para imprimir boletas los años electorales.

Pareciera ser que Kicillof le reclama a la oposición el no haber avanzado en el tratamiento de un proyecto de ley de Transparencia y Ética Pública cajoneado desde el 15 de diciembre del año pasado en la comisión de Reforma Política y del Estado, presidida por Noelia Ruiz, de Juntos por el Cambio. Aun así, hay que tener en cuenta que, este año, la Legislatura sesionó apenas una vez.

La iniciativa de reforma la lanzó el diputado Marcelo Daletto, de Juntos por el Cambio, para intentar introducir su propia agenda y, también para contrapesar el efecto negativo del caso “Chocolate” en la opinión pública. El candidato a gobernador de Juntos, Néstor Grindetti, también salió a bancar la reforma a través de las redes sociales.

A su vez, también se impulsa una simplificación de la estructura administrativa del Estado provincial, sobre todo en materia de organismos de control. La idea es que las auditorias no sean previas, sino que se realicen cuando los contratos se ponen en marcha, como ocurre a nivel nacional. Eso implicaría modificar o eliminar organismos de la Constitución.

De momento la reforma está en una fase preliminar, podría hacerse por el método de enmiendas o requerir una asamblea legislativa pero, en el mejor de los casos, todos los cambios propuestos se aplicarían recién a partir de 2027.