Durante los últimos días, se multiplicaron las quejas por las por las boletas con tarifazos que se acumulan en las Oficinas de Defensa del Consumidor (OMIC) locales, lo que motivó que comiencen a judicializarse los reclamos.
De hecho, la semana pasada la Defensoría del Pueblo bonaerense anunció que patrocinará a quienes vayan a la Justicia por los fuertes incrementos en el gas, opción a la que desde entonces ya recurrieron unos 600 usuarios, según datos del organismo. Según fuentes periodísticas, los principales focos de reclamos son Junín, Bahía Blanca, Olavarría y Tandil.
En algunos casos el objetivo de la emergencia local es que el Ejecutivo municipal garantice el acceso a los servicios a los más vulnerables, mientras que en otras comunas tiene como finalidad elevar una solicitud para que la declaración se extienda a nivel provincial y nacional.
Carlos Casares tomó la iniciativa y elevó un reclamo en conjunto luego de que a principios de este mes unos 200 vecinos recibieran facturas por arriba de los 4 mil pesos. En la última sesión del Concejo Deliberante local -del jueves pasado- se aprobó un proyecto de comunicación para solicitar a los Gobiernos nacional y provincial que se suspendan los incrementos por un año.
Cabe señalar que tras la última suba de abril, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que el próximo aumento –que se dará de forma semestral hasta 2019- será en octubre de este año.
En Ramallo, el Concejo Deliberante también solicitó declarar la emergencia tarifaria para el municipio por el lapso de un año. La iniciativa fue propuesta por los ediles del Frente para la Victoria y aprobada por todo el cuerpo legislativo local. “Se han visto importes imposibles de pagar y preocupación en la gente. Les pedimos a las autoridades provinciales y nacionales que revean esta situación, como así también invitamos a los Concejos Deliberantes de otros partidos que se sumen a este pedido”, dijo el presidente del bloque del FpV, Ricardo Gorostiza.
En tanto, en Pilar, también se pretendía avanzar en ese sentido, pero la última sesión se levantó en medio de incidentes producidos entre funcionarios y miembros del cuerpo cuando se debatía por la entrega de viandas a alumnos de una escuela. El objetivo es que se garantice el acceso a los servicios públicos de todos los habitantes del distrito, y solicitar al Ejecutivo provincial y nacional suspender los aumentos vigentes, así como prohibir nuevos aumentos durante la vigencia de la emergencia.
En ese distrito, al igual que en Azul y en La Plata, donde también se presentaron esos proyectos, esas iniciativas van acompañadas, además, por el pedido de declarar la emergencia laboral y alimentaria.