Galli no puede controlar la toma de tierras en Olavarría y denuncia “mano negra política”

El pasado sábado el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, habló de un “intento de usurpación” de un terreno en Circunvalación y República del Líbano, y actualmente hay unas veinte familias identificadas que construyeron cimientos dentro del predio.  En ese sentido, recientemente, el intendente remarcó: “No puede ir cualquiera a instalarse a construir una casa. El Municipio debe decidir dónde se puede construir en Olavarría, le estamos dando un crecimiento ordenado al Partido”. 

“En Olavarría no todo vale lo mismo, mientras yo sea Intendente no vamos a permitir que cualquiera vaya a usurpar tierras y se genere un asentamiento en lugares que son inundables. Ese es un lugar de crecimiento empresarial y nosotros estamos acompañando ese crecimiento con obras de infraestructura”, aseguró. 

Al mismo tiempo, explicó: “El déficit habitacional no se soluciona cometiendo un delito. Esta no es la Olavarría ni la Argentina que queremos. Vemos una mano negra política atrás pero mi compromiso con los vecinos del Partido es que donde se esté cometiendo una usurpación o un delito contra la propiedad privada, vamos a hacer lo que corresponde”. 

Galli aseguró que “esta es una práctica que vemos que se repite, llamativamente, en municipios gobernados por el PRO como Olavarría, Mar del Plata y Pinamar”. 

Por su parte, las familias que se asentaron en los terrenos se despegaron de las acusaciones: “Somos vecinas y vecinos que nos encontramos alquilando y en peligro de quedar en la calle por no poder pagar el alquiler o viviendo de prestado y sin posibilidad de acceder a una vivienda propia. Todos somos trabajadores y trabajadoras informales, que vivimos de changas y en varias familias somos mujeres solas las que estamos a cargo de hijos y adultos mayores”.

En Olavarría, la cuestión habitacional ha sido una de las problemáticas que atravesaron a la gestión municipal. El primero de los antecedentes se remonta a octubre del 2020, cuando un grupo de organizaciones sociales nucleados en una Mesa de Emergencia realizaron “el acampe por un techo” durante veinte días.  En abril de 2021 se produjo una inédita toma, numerosas familias tomaron un gigantesco predio en el barrio Lourdes en un conflicto que se extendió por tres meses y terminó con un desalojo. 

La problemática también fue objeto de un escándalo a comienzos del 2022, cuando una denuncia por la presunta venta ilegal de terrenos en las que quedó imputado un asesor municipal de la secretaría de Desarrollo Social de la comuna. 

En ese sentido, el Plan TUVI, programa de viviendas impulsado por el municipio para sectores medios, también generó polémica ante las dificultades que exhibió la empresa constructora de veinte viviendas industriales que llevaron a la rescisión del contrato en medio de un fuerte reclamo de los adjudicatarios.