La División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad, con el aval del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas 11, allanó dos viviendas del barrio Floresta, desbarató una operación de narcomenudeo y detuvo a dos personas por infracción a la Ley 23737, también conocida como Ley de Drogas.
Con la participación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), a cargo de la Dra. Cecilia Amil Martín, personal de la División Antidrogas realizó una investigación de tres meses que se coronó con los operativos y el secuestro de 581 gramos de cocaína de máxima pureza.
Fuentes policiales confirmaron que luego de realizar una larga investigación y diferentes tareas de campo, se corroboró que en una casa de la calle San Nicolás, a media cuadra de la avenida Rivadavia, una pareja comercializaba droga.
"Por la tarde las mismas personas se trasladaban del citado domicilio a un local ubicado a pocos metros, en Rivadavia al 8000, y continuaban con la venta del producto", aseguraron los informantes.
Con toda la información e indicios recabados, en horas de la tarde se realizaron los allanamientos en los domicilios identificados. En la casa de la calle San Nicolás se incautó un trozo compacto de clorhidrato de cocaína con un peso neto de 566 gramos. También 34 "ravioles" de cocaína con un peso total de 15,4 gramos.
Asimismo fue secuestrada una balanza de precisión y 16 blíster de 10 comprimidos de Capectan Capecitabina, un medicamento que se presume utilizaban para "estirar" la droga. En el lugar se hallaron recortes de nylon para el fraccionamiento, 64 mil pesos y cinco teléfonos celulares.
Voceros de la investigación indicaron que la pareja era cultora de una religión espiritista de origen brasileño. "Además de comercializar estupefacientes, realizaba rituales umbanda. En un sector de la vivienda se encontraron objetos característicos para llevar a cabo esas prácticas", aseguraron.
Los detenidos, un hombre de 53 años y una mujer de 51, por decisión de la fiscal Amil Martín, fueron derivados a la Oficina Central de Identificación (OCI) y luego trasladados a sede judicial para las correspondientes indagatorias.
