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Concretamente, a partir de la firma de este decreto del Gobierno de la Provincia, los antecedentes de todas aquellas personas condenadas por delitos sexuales dejarán de ser información reservada y podrán ser obtenidos por organismos estatales, entidades o clubes y personas que logren demostrar un interés legítimo.
"Es una decisión estratégica la de avanzar hacia una ampliación de las facultades informativas que hoy en día tiene el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual. Pretendemos agilizar la información para que sea transmitida a las instituciones o a quienes les resulte de interés y así evitar que ese condenado pueda volver a cometer un delito sexual", aseveró el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.
El Registro de Violadores provincial tiene la potestad de informar todas las condenas que dictan los jueces penales por delitos contra la integridad sexual: violación, corrupción de menores y otros; si bien no tiene la facultad de investigación, puede avisar de oficio a las instituciones, fuerzas de seguridad y municipios que incluyan personas con antecedentes de este tipo, a fin de que estén alertados sobre cada caso en particular.
El ministro destacó la importancia de que “los antecedentes de todas aquellas personas condenadas por delitos sexuales dejen de ser información reservada y puedan ser obtenidos por organismos estatales, entidades o clubes y personas que logren demostrar un interés legítimo”.
"El Registro de Violadores no sólo debe actuar como reacción, sino que también debe tener una actividad proactiva en el sentido de evitar que ese condenado pueda volver a cometer un delito sexual", concluyó.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino sostuvo que "acompañamos la iniciativa para que se actualice el Registro, con el fin de que se convierta en una herramienta útil para evitar que el condenado pueda volver a cometer un delito sexual", y agregó que "debemos promover todos los mecanismos necesarios para evitar que se repitan estos delitos, por lo que creemos central que se pueda acceder a estos datos, lo que hoy es muy difícil".
"Por lo tanto, la modificación propuesta es una síntesis entre la necesidad de que la comunidad, a través de distintos representantes que demuestren un interés legítimo, puedan acceder a esta información, y la obligación de que también se respeten los derechos de las personas que cometen este tipo de delitos", añadió Lorenzino.
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