CABA pidió a la Justicia la autorización de pistolas Taser

La ciudad de Buenos Aires presentó hoy ante la Justicia un amparo por mora para destrabar la importación de pistolas Taser, ingreso que se encuentra frenado por el Gobierno nacional, que no otorga el permiso correspondiente. En el escrito, se acusó al Ejecutivo de “demonizar” el uso de estas armas y que no las autoriza por cuestiones “ideológicas”. 

La presentación judicial tuvo lugar después de que en mayo de 2021 la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) diese el visto bueno a la adquisición de 60 dispositivos modelo X2 para la Policía de la Ciudad. Sin embargo, luego de la renuncia de Ramiro Urristi, el entonces titular de la Anmac, la compra se trabó.

La administración de Larreta había advertido en agosto que llevaría el caso ante la Justicia si no había una pronta resolución. La Ciudad consignó que “una vez autorizado el uso del dispositivo el proveedor debe presentar un pedido de autorización de importación en Anmac”.  

El ministro Marcelo D´Alessandro destacó que “el problema del Gobierno Nacional es ideológico, y que llegaron a comparar las Taser con las picanas de la dictadura”. “Demonizaron el uso de estas armas y trabaron una herramienta fundamental para la seguridad de los 3 millones de porteños y las casi 4 millones de personas que diariamente ingresan a la Ciudad”, añadió. 

Las Taser generan una descarga eléctrica que inmoviliza al potencial agresor, “por lo que son ideales para actuar en espacios reducidos con abundancia de público. Cuando son disparadas, unos dardos guiados por un cable envían 400 volts durante cinco segundos”. 

“El objetivo es dotar a la Policía de la Ciudad de un armamento que le permita a sus efectivos protegerse y cuidar a los transeúntes y a los actores pasivos del hecho sin poner en riesgo la vida del atacante”, remarcó el funcionario. 

En mayo de 2019, a través de una resolución firmada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno de Mauricio Macri reglamentó el uso de las Taser por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Además, aprobó un protocolo y dispuso la capacitación del personal para su utilización. 

Aun así, en diciembre de 2019, una de las primeras medidas que tomó la ahora ex ministra Sabina Frederic fue la derogación del protocolo, que disponía su uso en terminales de gran afluencia de público, como estaciones de tren o aeropuertos. Aníbal Fernández desestimó la posibilidad de que el país pueda utilizarlas ya que “no se está preparado para eso, ni de casualidad”.