Un jurado popular condenó a dos policías de la Bonaerense

Este miércoles, Ezequiel Benítez ex efectivo de la Policía bonaerense, escuchó al juez técnico del Tribunal Oral en lo Criminal 4 del Departamento Judicial de La Matanza, Gerardo Gayol, anunciar su condena a 21 años y 8 meses de prisión, por ser coautor del delito de homicidio calificado a raíz del abuso de su función policial y por haber excedido los límites marcados por la ley en el cumplimiento del deber

Ezequiel Benitez fue el autor material del homicidio, de su arma salió la bala que mató a Lucas Verón. La pena también es por la tentativa de homicidio calificado respecto de Gonzalo Aguirre, el amigo que se trasladaba con Verón en la motocicleta.

Además, el TOC 4, condenó a 4 años de prisión a Cinthia Duarte, la agente que acompañaba a Benítez en la patrulla la noche del 20 de julio de 2020, el día que la víctima mortal cumplía 18 años. Se la consideró coautora del delito de homicidio calificado a raíz del abuso de su función policial y por haber excedido los límites marcados por la ley en el cumplimiento del deber.

Ambos condenados también deberán cubrir las costas del proceso.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), patrocinante de la familia Verón y de Gonzalo Aguirre, junto a los abogados de la CTA de los Trabajadores, quienes representaron a la hermana de Lucas, habían coincidido en solicitar una pena de 33 años y 4 meses para Benítez y 6 años y 8 meses para Duarte, por el homicidio ocurrido en González Catán.

En este punto hay que hacer una salvedad: el jurado popular que el 17 de agosto falló por la culpabilidad de los acusados, no responsabilizó a Duarte por la tentativa de homicidio de Gonzalo Aguirre.

Por su parte, el fiscal de juicio Sergio Antín, había solicitado 25 años para Benítez y 4 para su compañera.

“El fallo hace justicia y es fruto de la lucha de la familia, vecinos y organizaciones sociales y políticas de La Matanza que acompañaron el reclamo desde un primer momento”, aseguraron desde la Comisión Provincial por la Memoria.

Atenuantes rechazados

Las defensas de Benítez y Duarte habían solicitado que se consideran ciertas atenuantes para la pena que les caería a los sentenciados. Al respecto, en la sentencia leída por el juez Gayol, se consignó que “no se advierten al momento de la composición penal circunstancias atenuantes”, por ejemplo, la falta de antecedentes penales de los acusados.

Tampoco se tuvo en cuenta un disparo que Benítez habría recibido en 2019: “Considerar tal circunstancia implicaría haber tenido que dictaminarse la inhabilitación del acusado para el ejercicio de la función pública, extremo que nunca ocurrió”, leyó el magistrado.

Tampoco se consideró un atenuante la edad de la agente Duarte, quien tenía 26 años cuando ocurrieron los hechos: “La capacidad para la comprensión cabal de los actos propios y sus consecuencias se presume desde los 18 años, y su perfeccionamiento en los siguientes”, aclaró la sentencia.

El Juez Gerardo Gayol, en la lectura, destacó los agravantes para la decisión de las penas: “Benítez y Duarte abandonaron el lugar y dejaron a Verón herido de bala, producto de disparos efectuados con el arma policial de uno de ellos y no dieron aviso a las instituciones correspondientes”, estableció el magistrado.

Gonzalo Aguirre declaró ante el jurado popular, en la audiencia que duró más de 25 horas y se realizó hace una semana en la Universidad Nacional de La Matanza, que la noche del 20 de julio habían salido con Verón a comprar unas gaseosas, porque este último cumplía 18 años.

“Al regresar, un patrullero con las sirenas y luces apagadas nos quiso chocar. No nos dieron la orden de alto, nos asustamos y aceleramos. Era la primera vez que nos pasaba algo así. Nos subimos a la vereda y el patrullero nos persiguió tirando cuatro tiros”, relató Aguirre. “Primero hubo dos disparos y luego otros dos cuando nos caímos de la moto”, detalló.

Culminada esta causa, continúan en trámite otras dos: en una se investiga el encubrimiento llevado a cabo por tres efectivos policiales, que intentaron desviar la investigación amenazando a testigos y manipulando actas. En la otra está imputado al fiscal Juan Pablo Tahtagian, por el mal desempeño con el que dirigió el comienzo de la causa por el crimen de Lucas Verón.

El fiscal está acusado de haber convalidado y formar parte de distintas ilegalidades cometidas por la policía, con el fin de lograr la impunidad de los agentes.